Las órdenes de protección por maltrato dictadas en la
comunidad crecieron un 26% en 2009 respecto al año anterior.
La consejera de Justicia, Begoña Álvarez, estimó ayer que,
durante 2009, los juzgados andaluces dictaron unas 7.000
órdenes de este tipo.
Las órdenes de protección por
maltrato dictadas en la comunidad crecieron un 26% en 2009
respecto al año anterior. La consejera de Justicia, Begoña
Álvarez, estimó ayer que, durante 2009, los juzgados
andaluces dictaron unas 7.000 órdenes de este tipo. En 2008,
fueron 5.543, según se recoge en el informe estadístico de
violencia sobre las mujeres del Consejo General del Poder
Judicial.
Álvarez y la consejera de Igualdad, Micaela Navarro,
presentaron ayer en Sevilla el primer balance del nuevo
sistema telemático unificado que permite notificar de forma
inmediata las órdenes de protección entre los órganos
judiciales y los organismos de asistencia a las víctimas.
Este sistema arrancó de forma experimental en septiembre de
2009 en las provincias de Almería, Huelva y Jaén. El modelo,
que fue el primero de este tipo que se aplicó en España, se
extendió a toda la comunidad en noviembre.
Desde que se puso en marcha y hasta el 31 de diciembre,
este punto de coordinación recibió y tramitó la notificación
de 351 órdenes de protección, 250 dictadas por violencia de
género y 101 por violencia doméstica.
Eficacia
El punto de coordinación, según dijo ayer Navarro,
permite "garantizar" con mayor eficacia las medidas de
asistencia y protección de las víctimas, coordinando la
información de una manera "ágil, eficaz y segura" entre los
diferentes organismos e instituciones dedicados a la
asistencia y protección social.
Cada vez que se recibe la notificación de una orden de
protección desde un juzgado, el punto de encuentro, que está
ubicado en la Consejería de Igualdad, la traslada
inmediatamente a todas estas instituciones y organismos.
Estos organismos deben remitir luego un acuse de recibo
detallando el seguimiento de cada caso.
Las órdenes se envían al servicio de atención a las
víctimas para la asistencia en sede judicial, al centro
provincial de la mujer -para que se determine qué atención
debe prestarse- o a "cualquier otro organismo sanitario,
social o de empleo que se requiera". El objetivo es que las
víctimas estén informadas de todos los servicios a los que
pueden acceder y de las medidas administrativas que se
derivan de la orden de protección.
