Teresa estudió hasta cuarto de primaria en un colegio de
Olot (Girona). En verano, la niña, de 10 años, que en
realidad no se llama Teresa, viajó a Gambia, el país de sus
padres. Si vuelve, deberá someterse a una exploración médica
por orden de un juez. Se teme que allí la sometan a una
mutilación genital femenina o ablación. El juez retiró a los
padres el pasaporte de la menor en diciembre de 2008 para
evitarlo. Sin embargo, un mes después se lo devolvió. No
existe un auto que motive esa decisión; sólo un escrito de
una página que decreta el archivo de la causa. Al final,
sucintamente, el juez escribe: "Entréguese el pasaporte a
sus padres".
"Recuerdo un caso de una familia a cuyas dos
niñas grandes se les había practicado la ablación. Pero el
delito ya había prescrito. Las mutilaron de visita a Gambia.
Se adoptó una protección de las dos hijas menores, pero
luego vimos que el riesgo no era inminente y que los padres
sabían que la ley en España considera la ablación como un
delito grave de lesiones y que ellos serían los responsables
y podrían incluso ir cárcel", relata por teléfono el juez
Manuel Ibarz Casadevall. Él archivó el caso de Teresa. No
está seguro de si esta familia que le viene a la cabeza es
la misma. La historia es clavada. Ibarz defiende que si se
devolvió el pasaporte "es porque se consideró que no había
peligro". La fiscalía lamenta que no existiese un auto
motivado. Aunque tampoco recurrió la decisión del juez.
En julio, Ibarz abandonó la plaza que cubría en Olot. El
juez, ex diputado del PP en Cataluña entre 2003 y 2007,
ejerce ahora en Figueres (Girona), resolviendo causas sobre
violencia de género. Cuando llegó el nuevo titular, decidió
proteger a la hermana de Teresa, Cristina. Considera que la
niña de 11 años puede estar en peligro si viaja a Gambia.
Los padres no pueden sacarla de España, y para asegurarse el
juez les ha retirado el pasaporte.
Cristina camina detrás de su madre cubierta con un
pañuelo. La madre también lleva la cabeza tapada y carga un
bebé a la espalda. De la mano, lleva a un crío de unos
cuatro años. "¡Son mis hijas! ¡Nadie debe decidir sobre
ellas!", grita. Un poco más calmada, la mujer explica su
enfado. Querían que Cristina visitase Gambia durante un mes
en verano. Incluso tenían el billete comprado y lo tuvieron
que tirar.
"¿Dónde está Teresa?", se le pregunta. "Está estudiando
en Banjul, con mi hermano. Queremos que aprenda nuestra
religión, nuestra lengua, nuestra cultura", dice. Pero a la
madre le preocupa más Cristina. "¿Qué va a pasar en verano?
Yo me voy a Gambia. Mi marido trabaja por las noches. ¿Qué
vamos a hacer con ella? ¿Quién la va a cuidar?".
El colegio prefiere no hablar sobre las niñas. En
Servicios Sociales del Ayuntamiento, tampoco. "Es un caso
muy complicado", sostienen. El padre tampoco quiso hablar
con este periódico. Lo hizo el abogado que le asesoró porque
en diciembre los Mossos d'Esquadra le detuvieron. Nadie les
había comunicado que el requerimiento sobre Teresa no estaba
en vigor. Cuando los agentes tuvieron constancia de que la
niña había viajado a Gambia, detuvieron al hombre. Los
Mossos insisten en que había una orden. El juez actual
asegura que su predecesor dio carpetazo al caso.
"Está mal hecho. Debería existir un auto motivado de por
qué se devolvió el pasaporte. Y tampoco se ha comunicado el
archivo de la causa", explica la fiscalía. Fue el letrado
del ministerio público quién inició los trámites para
proteger a las menores. El Cuerpo Nacional de Policía les
alertó de que había indicios de que la familia fuese de
riesgo. Por eso pidieron una protección urgente e
indefinida. ¿Por qué no recurrió el auto de archivo de la
protección a Teresa? "Es un auto tipo, como otros muchos que
se hacen, y puede pasar por alto", explica.
Ibarz sostiene que estas medidas no se toman sin el
consentimiento de la fiscalía. Nunca. "No se me ocurriría
hacerlo sin preguntarles a ellos", dice. "Puede ser que en
un caso haya un fallo, pero no es lo normal". ¿Y qué opina
de que otro juez haya protegido a la otra menor de la misma
familia, en contra de lo que él decidió? "No sé qué pueden
haber considerado, pero pueden haber cambiado las
circunstancias".
Pionera en prevención
Girona es pionera en la prevención de la mutilación
genital femenina. Casi la mitad de las gambianas que
viven en España reside en esta provincia (el 46%, según
el INE). La ablación es una tradición milenaria basada
en la extirpación de la totalidad o parte de los órganos
genitales externos de la mujer que se practica en 40
países.
El protocolo gerundense, que se redactó en 2002,
involucra a la escuela, a los centros de salud y a los
servicios sociales para detectar las familias que puedan
ser de riesgo. Se basa en la información y en la
educación. Se hace seguimiento de las familias
inmigrantes. Se les explica que el ritual es malo para
la mujer, que deja secuelas físicas y psicológicas, y
que en España es un delito de violencia de género.
Cuando una de estas familias tiene intención de viajar
al país de origen y alguno de los agentes sociales se
entera, lo pone en conocimiento de la policía. Los
Mossos informan al fiscal y éste pide al juez medidas de
protección. Se puede prohibir el viaje de la menor, o
acordarse que los padres presenten a la niña
periódicamente ante el juez y ante el médico forense.