María Luz Pose y su verdugo habían tenido una relación
difícil. Se cruzaron varias denuncias en los juzgados, pero
no llegaron a dictarse medidas cautelares contra el guardia
civil, que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.
Meses antes del fatal desenlace habían intentado un
acercamiento hasta que ella decidió acabar definitivamente y
denunciarlo por acoso. Horas después de crimen, el autor del
disparo mortal presentaba unos niveles de alcoholemia casi
cuatro veces superiores a lo permitido
"Ya no sabes si
llorar o qué hacer cuando este señor, después de hacer lo
que hizo, puede pasearse por la calle como cualquier
ciudadano normal. Ni siquiera ha tenido que depositar una
fianza", comentó ayer Isabel, hermana de la víctima.
"Ha sido una sorpresa y nos está sentado como un jarro de
agua fría, pero la justicia está así en este país. Todos los
días vemos casos insólitos en la televisión. Yo no justifico
ni entiendo a los jueces y supongo que para ellos no es más
que un caso más", señaló.
La familia no se explica además cómo la Audiencia de
Pontevedra no ordenó de primeras una orden de alejamiento,
como horas después acordó ayer la juez instructora. "Sólo
pido que sean flexibles con el dolor de la familia. Desde
luego, ellos son responsables de lo que pueda pasar. Mis
sobrinos se lo pueden encontrar y no sé cómo sería la
reacción de estos chicos. Se me parte el alma", se lamentó.
Cuestión de plazos
Isabel Pose se queja de que por una cuestión de tiempo y
no de forma el asesino de su hermana pueda estar fuera de la
cárcel hasta que se celebre el juicio. "Nuestro abogado no
se dio cuenta de los plazos pero el del presunto asesino de
mi hermana sí. Vio que había ese resquicio, que se podía
agarrar a él y lo hizo. Nosotros ya no podemos recurrir",
añadió.
El abogado de la familia de la víctima, José Antonio
Barreiro, ha defendido la posición de la juez y cree que es
discutible la interpretación de la Audiencia sobre cuándo
empieza a computar la libertad provisional ante la
existencia de un riesgo de fuga muy elevado. "Mi opinión es
que el tribunal pudo haber subsanado un error que para mí no
lo fue".
Barreiro consideró que la decisión de la juez Eva Armesto
implica un "grave" riesgo de fuga. El letrado argumentó que
Jaime Maíz no dispone en este momento de trabajo, ni de
bienes, ni de domicilio por lo que "no tendría nada que
perder en el caso de fugarse para evadir la acción de la
Justicia".
