25 años después, aborto con plazos

Las mujeres españolas podrán decidir por sí mismas durante las 14 primeras semanas de su embarazo si desean ser madres. O si no. Sin tutela. Un Senado de mayoría conservadora aprobó ayer de forma definitiva la reforma legal del aborto que introduce en España un sistema de plazos que ya funciona en prácticamente toda Europa.

Las mujeres españolas podrán decidir por sí mismas durante las 14 primeras semanas de su embarazo si desean ser madres. O si no. Sin tutela. Un Senado de mayoría conservadora aprobó ayer de forma definitiva la reforma legal del aborto que introduce en España un sistema de plazos que ya funciona en prácticamente toda Europa. Después de un año y medio de duras negociaciones y un enconado debate mediático, el Gobierno logró que su texto se aprobara tal cual había salido del Congreso de los Diputados. No prosperó ninguna de las 88 enmiendas presentadas. El resto del texto fue aprobado con 132 votos a favor, 126 en contra y una abstención. Sólo lo rechazaron el PP, UPN y el Partido Aragonés. Los representantes de Coalición Canaria y CiU, con libertad de voto, se dividieron.

La nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo se publicará en el BOE en los próximos días. Entrará en vigor dentro de cuatro meses, durante los cuales se harán los desarrollos reglamentarios necesarios. Llega 25 años después de la primera despenalización del aborto en la España democrática. La norma de 1985, año en la que el Tribunal Constitucional le dio el visto bueno, lo permitía sólo en tres estrictos supuestos -violación, malformación fetal y grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer- que acabaron interpretándose de forma muy amplia y con escasas garantías para las mujeres y para los médicos. Se trataba de una ley que, según el Consejo de Estado, había que "ajustar" a la realidad, "porque nada es más contrario a un Estado de derecho que el divorcio radical entre las normas y su aplicación".

La aprobación definitiva de la norma en el Senado sirvió también a los socialistas como acto de desagravio de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, impulsora del proyecto y "convertida en la persona más insultada de un Gobierno democrático", en palabras de la senadora Leire Pajín, que se estrenó ayer en el Senado con la defensa de este proyecto de ley (oportunamente ataviada con una chaqueta morada). La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y el titular de Justicia, Francisco Caamaño, también agradecieron a Aído su valentía ante los "embates" que ha aguantado.

Ha sido una ley de difícil parto. El PSOE, que llevaba la reforma del aborto en su programa electoral de 2004, lo olvidó en 2008, salvo una mención a la necesidad de abrir un debate social sobre el tema. Sin embargo, en cuanto volvió a formar Gobierno se puso manos a la obra. Era un momento difícil: una clínica de abortos había, aparentemente, vulnerado la ley; se estaba produciendo un acoso judicial a otras que nada habían hecho; y se llamaba a declarar a las mujeres con métodos más que cuestionables.

El ministerio elegido para liderar el proyecto fue el recién creado de Igualdad, con la joven Bibiana Aído a la cabeza, que trabajaría conjuntamente con Justicia y Sanidad. Conscientes de que necesitaban consensuar con el mayor número posible de partidos, se creó en el Congreso una subcomisión parlamentaria mientras un comité de expertos nombrado por el Gobierno se ponía a trabajar también en el proyecto. El Ejecutivo no tenía dudas de la necesidad de una ley de plazos para homologar a España con el resto de Europa. Eran evidentes los problemas de inseguridad jurídica que causaba una ley muy estricta sobre el papel que nadie -salvo la sanidad pública, donde sólo se llevan a cabo el 3% de las interrupciones de embarazos- cumplía con rigor. Y que, de llevarse a rajatabla, podría provocar viajes abortivos de españolas al extranjero.

El Gobierno presentó su anteproyecto de ley en mayo de 2009. La novedad radical, sin duda, era el sistema de plazos, una auténtica revolución con respecto a la ley vigente. Sin embargo, la polémica se trasladó a otro punto: las jóvenes de 16 y 17 años. La Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, establece la mayoría de edad sanitaria en los 16 años salvo en tres supuestos: ensayos clínicos, reproducción asistida y aborto. El Gobierno proponía sacar las interrupciones de embarazo de esta excepción, lo que provocó una oleada de críticas y centró el debate -casi en exclusiva durante un tiempo- en este artículo. Las críticas procedieron incluso de algunos miembros del PSOE, que tampoco vieron clara la idea de la ministra. Tras el vendaval mediático se pactó una enmienda en el Congreso: las menores deciden pero se informa a los padres salvo cuando la chica alegue "grave conflicto" (concepto que no queda del todo definido).

Antes habían hablado el Consejo Fiscal, muy dividido, que acabó informando en contra del proyecto; el Consejo General del Poder Judicial, que, por primera vez en su historia, no logró emitir un dictamen ante la falta de acuerdo; y el Consejo de Estado, que aunque sugirió algunas modificaciones, fue un balón de oxígeno para el texto del Gobierno, acosado en ese momento por la Iglesia, el Partido Popular, los grupos antiaborto y algunos medios. Una multitudinaria manifestación en octubre que cuestionaba la propia existencia del aborto dio alas a los detractores de la ley.

El paso por el Senado ha sido sigiloso. Las negociaciones se han llevado discretamente y fuera de los focos. El Senado rechazó ayer por la mañana los tres vetos que se habían presentado (del PP, UPN y un senador de Unió). Por la tarde se votaron -y tumbaron- las 88 enmiendas. Roberto Lertxundi, senador socialista, aseguró que el contenido de algunas de ellas se incorporaría en el desarrollo reglamentario. Su compañera Patricia Hernández habló de la necesidad de superar de una vez los "debates del pasado". La ley estará en vigor dentro de cuatro meses. Habrá que ver entonces si esta vez hay boda entre "la norma y su aplicación".