El dato, aunque alejado de las estimaciones de algunas ONG -que manejan cifras de cientos de miles de víctimas de trata-, es escalofriante: la policía detectó 1.301 mujeres obligadas a prostituirse en España en 2009. Es la primera vez que las autoridades dan una cifra concreta sobre mujeres traficadas o explotadas sexualmente. Probablemente haya más víctimas, pero no hay duda de que estas 1.301 lo son, según los datos ofrecidos esta tarde por los ministros de Interior y de Igualdad, Alfredo Pérez Rubalcaba y Bibiana Aído, en la presentación del balance del primer año en vigor del Plan Integral de Lucha contra la Trata. La confusión sobre las cifras había sido total durante los últimos años. Tras cada operación, la policía solía informar de la identificación de decenas o incluso centenares de víctimas sin que se supiera después qué pasaba con ellas y si realmente todas eran mujeres forzadas a prostituirse. A partir de ahora, al menos, habrá cifras algo más precisas.

El número de mujeres localizadas en las redadas el año pasado fue de 6.157. Pero estas eran las "víctimas potenciales". De ellas, sólo una sexta parte (las 1.301) se consideraron después merecedoras de protección. La Policía y la Guardia Civil son los encargados de desentrañar quiénes son efectivamente víctimas. En esta categoría se suele incluir a aquellas que denuncian y a otras que, aunque no lo hagan, presentan signos de haber sido forzadas a la prostitución. El problema, según las ONG, es que la decisión depende de los agentes y no todos siguen los mismos criterios ni tienen la misma formación ni sensibilidad. Un dato que no se facilitó es el de a cuántas de estas mujeres se les concedió el permiso especial de residencia que pueden solicitar.

El 95% de las víctimas de 2009 eran mujeres y la mitad tenía entre 23 y 32 años (13 eran menores de edad), según los datos ofrecidos ayer. Se dijo que el 50% eran extranjeras sin papeles, pero ninguno de los dos ministerios implicados quiso dar el porcentaje total de víctimas extranjeras.

Policía y Guardia Civil detuvieron el año pasado a 726 personas (el 66% de ellos, hombres): a 412 por delitos de explotación sexual y a 314 por trata de seres humanos. Un incremento del 34% respecto al año anterior.

Otro dato que se desconoce es el de cuántos de estos proxenetas y tratantes han sido después procesados, ni si han sido condenados. Sin un seguimiento de estas cuestiones será muy difícil conocer el problema en toda su dimensión.

Rubalcaba y Aído hablaron de la próxima reforma del Código Penal, que recogerá por primera vez un tipo específico de trata separado del tráfico de inmigrantes. No está prevista, sin embargo, y a pesar de que se van a endurecer casi todos los delitos sexuales, la modificación de la prostitución forzada, que se castiga sólo con pena de dos a cuatro años de cárcel mientras que una sola violación se sanciona con penas de seis a doce.

Uno de los temas que más preocupan a las ONG es la aplicación del periodo de reflexión de 30 días -para que las víctimas decidan si denuncian- que introdujo la última reforma de la Ley de Extranjería. Las ONG se quejan de que no se están concediendo, y critican la expulsión la semana pasada de una nigeriana embarazada que lo había pedido. Rubalcaba afirmó ayer que se le hizo un examen físico antes de la expulsión y que no había indicios de que fuera víctima de trata. Las ONG, en todo caso, piden que se aclaren cuanto antes los requisitos y el protocolo a seguir.