Los dispositivos para el control telemático de las medidas
de alejamiento de los maltratadores han cumplido un año y,
según las instituciones implicadas en su funcionamiento (el
Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y la
Fiscalía General del Estado), el sistema está dando
resultado en los casos en los que se ha instalado.
Los
dispositivos para el control telemático de las medidas de
alejamiento de los maltratadores
han cumplido un año y, según las instituciones
implicadas en su funcionamiento (el Gobierno, el Consejo
General del Poder Judicial y la Fiscalía General del
Estado), el sistema está dando resultado en los casos en los
que se ha instalado. Pero se instala poco. De los 3.000
dispositivos disponibles, solo 336 están en uso. El
Ministerio de Igualdad reconoce que son "menos de los que se
esperaban".
Este sistema permite verificar que el hombre no se salta
ninguna de las medidas cautelares de alejamiento impuestas
por el juez. Cuando lo hace, salta una alarma en el centro
de control, activo las 24 horas. El último balance, que
recoge los datos desde agosto de 2009 hasta el 15 de mayo de
este año, cifra en 1.987 el número de alertas que han
llevado a poner en marcha el protocolo de seguridad para que
la policía o la Guardia Civil se desplace al punto donde,
supuestamente, el maltratador se está saltando el
alejamiento.
"Está funcionando muy bien y ha evitado agresiones",
asegura el delegado del Gobierno para la Violencia de
Género, Miguel Lorente, que cree que el sistema cumple un
triple objetivo: disuadir al agresor; hacer que las víctimas
se sientan más seguras y, con ello, facilitar su
recuperación; y documentar los quebrantamientos de las
órdenes de alejamiento. Con todo, Lorente admite que la
implantación está siendo "demasiado lenta". "Se podía haber
hecho un uso más frecuente. Si hay elementos para actuar,
hay que actuar".
Estas pulseras de seguimiento están pensadas para casos
catalogados como de riesgo alto o extremo y su uso lo
acuerda un juez. El protocolo firmado por el Gobierno, el
CGPJ y la Fiscalía recoge que el órgano judicial decretará
esta medida "en función de la disponibilidad de
dispositivos" e Igualdad ya se mostró entonces dispuesta a
incrementar el número de unidades ante la posibilidad de que
las 3.000 iniciales fueran pocas. Pero sobran más de 2.600.
El delegado para la Violencia de Género considera que,
salvo contadas excepciones, en todos los casos de riesgo
alto o extremo debería implantarse. Sin embargo, en marzo de
este año la policía contabilizaba 514 mujeres en esta
situación de riesgo y solo 234 víctimas portaban el
dispositivo telemático. Desde entonces el número se ha
incrementado hasta 336, pero los responsables de la lucha
contra la violencia machista coinciden en que siguen siendo
insuficientes.
Para Lorente, parte de culpa de la baja implantación
radica en la falta de información o de convencimiento entre
algunos jueces. "Tienen que tener en cuenta que hay un
instrumento más para proteger a la víctima y que, además, es
eficaz". Esa falta de "conocimiento a fondo" lleva, según
Lorente, a que algunos jueces se hayan mostrado reacios a
acordar el uso del brazalete por entender que no es
proporcional y supone una especie de Gran Hermano en
el que el agresor está siempre vigilado. "Pero el sistema
solo se pone en marcha cuando el hombre se aproxima a la
víctima", aclara el delegado.
El juez es el que tiene la responsabilidad de decidir el
uso de este dispositivo, pero el Gobierno, la Fiscalía y el
CGPJ reconocen que los instructores no siempre tienen en su
mano la información que necesitan para tomar la decisión.
"Los jueces deberían tener a su disposición informes
periciales de riesgo desde el primer momento, pero no los
tienen", lamenta Inmaculada Montalbán, la presidenta del
Observatorio contra la Violencia de Género, dependiente del
CGPJ. Desde 2007, los atestados policiales y de la Guardia
Civil incluyen una valoración del riesgo que sufre la
denunciante. Pero según Montalbán, esta valoración se nutre
de la declaración de la mujer, que a menudo tiende a
"minimizar el riesgo". "Lo que habría que impulsar es que
los jueces tengan informes periciales completos, que no solo
incluyan el testimonio de la víctima, sino también de su
familia, el agresor, psicólogos y todo el que pueda aportar
información relevante", advierte la presidenta del
observatorio.
Esta información debe salir de las unidades integrales de
valoración forense, que emiten informes a petición de los
jueces. Pero Montalbán lamenta que esa documentación "casi
nunca" está en manos del instructor en las 72 horas que
tiene para decidir las medidas cautelares sobre el
denunciado, incluida la pulsera de seguimiento. En ninguno
de los casos de mujeres fallecidas en 2009 que tenían orden
de protección existía un informe pericial de valoración del
riesgo, asegura Montalbán.
La fiscalía especialista en violencia sobre la mujer, que
dirige Soledad Cazorla, también considera que hay que
fomentar el uso de las pulseras y ha pedido información a
los fiscales delegados en esta materia para intentar
averiguar por qué no se usan más. Cazorla no cree que exista
"una reacción en contra" de estos dispositivos. Al margen de
la falta de rodaje del sistema, la fiscal de Sala de
Violencia sobre la Mujer advierte de que no es fácil tomar
la decisión. "Lo primero que se plantea el fiscal es si hay
que pedir prisión preventiva. Y puede que nos encontremos
casos en ese límite en el que la libertad del agresor puede
causar problemas, pero tampoco hay que meterle en prisión".
Es en esas circunstancias en las que la pulsera resulta más
útil.
