Amelia Amaya Jiménez, de 36 años, falleció presuntamente a manos de su ex pareja, Antonio G. J. (de 42), el domingo en Bilbao. La víctima ya había denunciado a su ex pareja el pasado mayo por malos tratos, y sobre el hombre pesaba una orden de alejamiento. Sin embargo, el domingo por la noche, en su propia casa, Jiménez recibió diversos golpes que le provocaron la rotura de varias costillas, el bazo y una hemorragia abdominal, según fuentes de la investigación.

La víctima relató en mayo a la Ertzaintza que llevaba dos años sufriendo palizas y que había sido amenazada con una pistola y una navaja por el sospechoso. La investigación no ha aclarado si víctima y agresor habían vuelto a retomar su relación, ya que Jiménez no había denunciado una violación de la orden de alejamiento. La Ertzaintza detuvo además del agresor, de etnia gitana y con 20 antecedentes delictivos, a la madre y al hermano de este por un posible delito de encubrimiento.

Si se confirma que Jiménez murió a manos de su ex pareja, serían ya 42 las fallecidas por violencia machista en lo que va de año, según las estadísticas del Ministerio de Igualdad. Son 13 víctimas mortales más que en 2009, un año que se saldó con 55 muertas por este tipo de delitos. Sin contar el crimen de Bilbao, solo nueve mujeres de las 41 que han fallecido a manos de sus parejas o ex parejas habían presentado denuncia contra su maltratador. Seis tenían medidas de protección.

Más denuncias

Medidas de protección similares a las pulseras electrónicas con GPS disponibles y que apenas se están utilizando. Actualmente solo 352 de los 3.000 dispositivos disponibles están activos. Ayer, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, declaró en Madrid que espera que las autoridades judiciales impongan "cada vez" más este dispositivo. "Cada vez son más", dijo, las mujeres que están protegidas de sus agresores, lo cual indica que el sistema "está funcionando". Aído, en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, hizo hincapié en que la denuncia "es la puerta" al sistema de protección.

La ministra de Igualdad llamó la atención además sobre los alrededor de 800.000 menores que viven en un entorno de violencia de género y requieren una protección especial.