Desde hacía dos años, Amelia Amaya Jiménez, la última
víctima mortal por violencia de género en el País Vasco,
sufría malos tratos. El pasado mes de mayo se atrevió a
denunciar a su pareja en una comisaría de la Ertzaintza,
según Interior. Tuvo la "valentía", que ayer pedía la
directora de la Oficina de Atención a las Víctimas de
Violencia de Género del Gobierno vasco, Mariola Serrano, de
intentar poner freno a continuos malos tratos con el
objetivo de encaminarse "hacia una vida libre de violencia".
La decisión que tomó Jiménez a principios de mayo se truncó
el pasado domingo cuando, presuntamente, Antonio G. J., el
que había sido su pareja, le propinó una paliza que acabó
con su vida. La víctima y su agresor "habían retomado algún
tipo de relación", según fuentes de la investigación, ya que
ambos se dirigieron juntos al domicilio donde se produjeron
los hechos. Una vivienda del barrio bilbaíno de Txurdinaga
cuya propietaria es la madre del ahora principal sospechoso.
Jiménez tenía que haber recogido la orden de alejamiento de
su pareja el pasado día 13. La medida de protección fue
dictada por un juzgado a raíz de la denuncia que interpuso
la víctima en mayo. Además, sobre su agresor pendía una
orden de localización, según informa Efe.
Serrano recordaba en las escalinatas del Ayuntamiento de
Bilbao, después de asistir a la concentración en repulsa del
crimen, que "muchas veces nos encontramos ante esta
situación. No es algo excepcional porque en el camino hacia
una vida lejos de sus agresores, muchas veces las mujeres
sienten debilidad. Una situación que les hace dar marcha
atrás y volver con su agresor". Los colectivos que trabajan
con mujeres víctimas de la violencia de género apuntan que
existen determinados factores, como la dependencia
psicológica o económica respecto a sus agresores, que
entorpecen tanto la protección de las mujeres como los
procedimientos judiciales abiertos una vez interpuesta una
denuncia por las renuncias o perdones de las víctimas.
Precisamente, el último Informe sobre Violencia Doméstica
y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
correspondiente a 2009, recoge por primera vez las
actuaciones judiciales efectuadas previas al asesinato de
las víctimas. Del estudio se desprende que de las 55 mujeres
asesinadas en toda España el año pasado, 17 habían
denunciado a su agresor. De estas, ocho expresaron en algún
momento del proceso judicial que no querían continuar con el
mismo, según recoge el CGPJ.
Este tipo de situaciones, subrayó la directora de la
Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género,
imposibilitan "la protección de la mujer porque ha ido al
foco del conflicto". A pesar de que los vecinos del inmueble
donde Jiménez fue asesinada aseguraban el lunes que los
malos tratos eran constantes, la víctima, según la
Ertzaintza, no presentó a partir de la denuncia de mayo
ninguna otra que alertase a los agentes de que el agresor
había incumplido la pena de alejamiento que se le había
impuesto y que las palizas habían vuelto. Determinar el
número total de órdenes de protección quebrantadas es
imposible, señalan desde el CGPJ.
En el primer trimestre de 2010, en el País Vasco, se han
cometido, de un total de 845 delitos instruidos por
violencia de género, 69 violaciones de las medidas de
seguridad impuestas por el juez. Suponen el 8,2% del total,
pero, como señalan las mismas fuentes, "son sólo aquellas
que las víctimas o algún familiar han remitido o las que la
propia policía ha podido constatar".
Prevención y mano dura con el delito
"Lo que ha ocurrido es una tragedia que no debe
consentir la sociedad. Ante esta lacra de la violencia
de género tenemos que ser firmes con más prevención y
castigando sin miramientos el delito". Tras cinco
minutos de concentración en silencio en repulsa por el
asesinato de Amaya Jiménez a manos presuntamente de su
pareja el pasado domingo en Bilbao, el alcalde de la
ciudad, Iñaki Azkuna, pedía "inflexibilidad" ante este
tipo de delitos.
Azkuna que encabezó la concentración estuvo
acompañado por representantes de las diversas
corporaciones del Consistorio, que acordaron una
declaración conjunta, y por otras personalidades del
mundo de la política, como la directora de Emakunde,
María Silvestre, y la de la Oficina de Atención a las
Víctimas de Violencia de Género, Mariola Serrano.
En la misma idea de tolerancia cero incidió el
Ejecutivo vasco, su portavoz, Idoia Mendia, apuntó, tras
el Consejo de Gobierno, que para "acabar con esta lacra"
es necesario que los ciudadanos manifiesten su total
repulsa en la calle por los casos de violencia machista.
Por su parte, el PNV recordó la importancia de
impulsar, tanto en el seno familiar, como en las aulas,
unos valores educativos que pongan freno a estas
actuaciones y el PP señaló en un comunicado que el
"terrible crimen" debe obligar a las instituciones
públicas a tratar la violencia de género como una
"prioridad".
Además, una treintena de ciudadanos, en su mayoría
mujeres, se unieron a los políticos en la concentración
de Bilbao. Entre ellos, se encontraba Carmen Borja, la
presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas de
Euskadi, que rechazó el asesinato de Jiménez y recalcó
que la violencia de género no distingue de etnias (tanto
Jiménez como su supuesto agresor eran gitanos). "Hay que
evitar estas muertes. Vivimos en una época muy avanzada
para que ocurran estos casos, que actúe un poquito más
la justicia. El hombre tenía una orden de alejamiento y
se podría haber evitado", subrayó Borja.
Al cierre de esta edición los tres detenidos, el
supuesto agresor, Antonio G. J., y su madre y su
hermano, también arrestados por un posible delito de
encubrimiento, ya habían pasado a disposición judicial y
se encontraban a la espera de que el juez decida si
ingresan o no en prisión.
El Ayuntamiento de Bilbao, por su parte, anunció
también ayer que se personara como acusación popular por
la muerte de Jiménez.
