Algunas medidas tratan de luchar contra la falta de denuncias vigilando de cerca los casos de alto riesgo. Un total de 1.848 policías y guardias civiles siguen desde julio un protocolo de detección de riesgo que ha servido para establecer alertas en los casos de unas 1.200 mujeres, el 2,5% del total. Cuando los detectan, despliegan medidas extraordinarias de protección y vigilancia al agresor.
Pero a pesar de ello, mujeres como Lidia Moreno siguen muriendo, lo que supone que no siempre se evalúa bien el riesgo o no se adopta la protección correcta.
El problema, según los expertos, sigue estando en la necesidad de establecer un clima de rechazo social al maltratador y en el objetivo de que las mujeres, sus familias, los vecinos, los médicos y el entorno en general se conciencien de la necesidad de pedir ayuda.