La psicóloga que examinó a Sylvina Bassani,
la mujer argentina asesinada el jueves a
tiros por su ex marido junto a su pareja
delante de su hijo de cuatro años, dictaminó
ante el juzgado de violencia sobre la mujer
de Torrejón de Ardoz que "desde el punto de
vista psicológico" no se podía "hablar de
maltrato en el ámbito familiar". No creyó a
la mujer, a la que calificó de
contradictoria e incoherente y a la que
recomendó tratamiento psicológico "para
elaborar adecuadamente su conflictividad de
pareja y aprender a abrirse a las relaciones
paternofiliales". Por el contrario, el
hombre, Javier Lacasa, que había intentado
suicidarse el día que lo detuvo la Guardia
Civil -como consta en el atestado del
instituto armado- y que él mismo le refirió
en la entrevista que había tirado al suelo
una televisión porque su mujer quería hacer
un viaje a Boston, le pareció una persona
normal.
Esta psicóloga, María Isabel
Tagle, empleada de la Consejería de Justicia
de la Comunidad de Madrid, es la que más
quejas ha recibido en el Colegio de
Psicólogos de la región, nueve. Al menos
seis han sido remitidas a la consejería. Las
primeras, en noviembre de 2006, con tres
informes negativos que indicaban que había
vulnerado principios deontológicos en sus
escritos. La única respuesta del Gobierno
regional fue una amonestación verbal en
otoño de 2007 en la que se le pidió que
"moderara sus formas" y que "siguiera un
exquisito procedimiento en sus actuaciones".
"Sin duda se sabía que había un problema
con esta psicóloga", señala Fernando Chacón,
decano del Colegio de Psicólogos de Madrid.
"Su caso es conocido, porque nadie aquí
tiene tantas quejas. Si no hubiéramos
pensado que el tema era importante, no
habríamos remitido los informes a la
consejería. Ahora siempre nos quedará la
duda de si se podría haber hecho algo más
para evitar estas muertes".
El informe del caso de Sylvina Bassani y
Javier Lacasa, firmado por Tagle y por un
trabajador social, es el único que se ha
emitido en los procedimientos penales y
civiles abiertos tras dictarse la orden de
protección en septiembre de 2006. Una
primera juez, al abrir las diligencias,
pidió un informe psicológico de Lacasa por
el intento de suicidio del día de la
detención. Pero en los procedimientos sólo
consta este informe psicosocial dictado para
el divorcio. El abogado penal de la víctima,
Roberto García, solicitó posteriormente un
informe psiquiátrico de Lacasa, recordando,
además, que lo habían condenado en un juicio
de faltas por pinchar las ruedas del coche
de unos vecinos de Sylvina que habían
testificado a su favor. La magistrada Gemma
Fernández denegó esta solicitud en abril de
2007.
Una portavoz de la Consejería de Justicia
de Madrid confirma que les consta la
existencia de varias quejas sobre esta
psicóloga, pero señala que no se tomaron
medidas disciplinarias más graves porque
entendían que las quejas no tenían
suficiente entidad.
En uno de los informes negativos
remitidos por el Colegio de Psicólogos
madrileño se relata que, en un procedimiento
de familia, Tagle proponía que el hijo del
matrimonio se quedara con el padre porque la
madre había sido violada a los 14 años por
un compañero de instituto. La psicóloga
concluía que, como el hijo era hombre y ella
les tenía cierto rechazo, era mejor que el
hijo se quedara con el padre. En otro de los
casos diagnostica un trastorno esquizo-paranoide,
recomendando el internamiento involuntario,
"sin indicar la metodología utilizada",
según señala la comisión deontológica del
Colegio de Psicólogos. La comisión habla, en
varios casos, de falta de argumentación, de
escasa fundamentación y de falta de respeto
a los peritados. Todas las quejas han sido
presentadas por mujeres.
Tagle se dio de baja del Colegio el 13 de
febrero de 2007, después de varios informes
negativos que cuestionaban su forma de
trabajar. Actualmente no está colegiada. Así
como en el caso de los psicólogos privados
la colegiación es necesaria para ejercer,
cuando trabajan para la Administración la
situación no está clara. Tampoco está claro,
según el decano del Colegio de Madrid,
Fernando Chacón, si en estos casos ellos
pueden sancionar disciplinariamente. Hay
otra queja, todavía no remitida a la
consejería, que el Colegio de Psicólogos de
Madrid está investigando y que está
pendiente de informe. Este periódico intentó
el viernes, sin éxito, localizar a la
psicóloga Tagle en los juzgados de Torrejón
para recabar su versión.
En cualquier caso, parece que son varios
los fallos que se han cometido en este
trágico caso, y por parte de varias
instituciones. La presidenta del
Observatorio de Violencia Doméstica del
Consejo del Poder Judicial, Montserrat
Comas, solicitó el jueves una reunión con
representantes de los ministerios de
Interior y Justicia y de la Fiscalía General
del Estado para averiguar si "han funcionado
correctamente los mecanismos de
coordinación".
Otro de los elementos que se debe
investigar es la actuación del fiscal. La
instrucción concluyó en el verano de 2007 y
desde entonces están pendientes de
presentarse los escritos de acusación. El
abogado de la víctima, Roberto García, dice
que el juez trasladó las actuaciones al
fiscal, sin que este haya dado señales de
vida, más de siete meses después.
