Como en el caso del
juzgado de Sevilla que
no logró encarcelar al
presunto asesino de la
niña Mari Luz Cortés, el
juzgado de Violencia
sobre la Mujer de
Torrejón de Ardoz
(juzgado de Primera
Instancia e Instrucción
número 5) que fue
incapaz de detectar el
peligro que corría
Sylvina Bassani, también
fue objeto de una visita
ordinaria del servicio
de inspección del Poder
Judicial en julio de
2007.
Entre la
documentación que
examinó el inspector en
esa ocasión se
encontraban cuatro
escritos que el
secretario judicial
remitió al secretario de
gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de
Madrid en los que
detallaba la desastrosa
situación en la que se
encontraba el juzgado.
Uno de esos escritos,
fechado el 29 de abril,
se refiere expresamente
a causas como la de
Sylvina. "El negociado
de violencia de género
sufre tan notable
retraso que causa
verdadera inquietud",
llegó a escribir el
número dos del
órgano judicial.
Además de ese aviso,
el servicio de
Inspección se encontró
con una plantilla de
funcionarios
completamente inestable
y una "notoria movilidad
de personal". La nómina
estaba formada por cinco
trabajadores interinos y
sólo tres titulares y se
registraron "coberturas
tardías de las vacantes"
con "personas inexpertas
en el ámbito judicial",
por lo que se proponía
la adscripción "de
personal más estable y
experto".
Asuntos paralizados
Además, el juzgado
sufría un notable exceso
de trabajo sobre todo en
los asuntos penales. 88
causas con medidas
cautelares de tipo
personal vigentes
(prisión, por ejemplo)
se encontraban
completamente
paralizadas. "Se
diagnosticó la quiebra
del impulso de oficio en
el ámbito penal, que
también se reproducía en
las infracciones de
violencia sobre la
mujer", dice el informe
de la Inspección.
La titular que abrió
diligencias contra el
presunto asesino de
Sylvina explicó al dejar
el juzgado que las
principales carencias
con las que se había
encontrado para realizar
su trabajo eran "la
falta de control de las
incomparecencias de los
citados a declarar o
notificar" y de "los
asuntos en trámite", así
como "la falta de
cumplida dación de
cuenta" de los
funcionarios a la juez o
al secretario. También
reflejaba "el retraso
alarmante de los asuntos
penales" y la "necesidad
de dotar al juzgado de
más personal".
