Y, finalmente, un fiscal que pide el sobreseimiento de la causa. Ni el juez ni la psicóloga ni el fiscal creyeron a Sylvina Bassani, asesinada a tiros el pasado 10 de abril en Alovera (Guadalajara) junto a su pareja por su ex marido, el sargento Javier Lacasa. Un cúmulo de n
Éste considera "privilegios" las ayudas públicas, se sugiere que con ellas se motiva a las maltratadas para que "prefieran ser víctimas", y se afirma que dictar órdenes de alejamiento "en forma desmesurada genera problemas de control".
El informe, publicado el pasado marzo, afirma, entre otras cosas, que con las ayudas públicas previstas para las víctimas "se está motivando a que las mujeres, en vez de esforzarse por conseguir un mejor empleo, una mejor remuneración o mejores condiciones laborales, prefieran ser víctimas de la violencia de género para así obtener todos los mencionados beneficios con menor esfuerzo".
Asimismo, considera que "las mujeres que denuncian al maltratador lo hacen porque necesitan alguna medida cautelar para prevenir futuras agresiones y/o porque requieren beneficiarse de alguno de los privilegios que le brinda la ley".
Las asociaciones de mujeres consideran los intereses de las víctimas "pisoteados por este documento del CES".
Los socialistas madrileños e Izquierda Unida solicitaron el pasado marzo, en cuanto se hizo público el informe, la destitución del presidente del CES, Francisco Cabrillo, por entender que cuestiona la integridad de las víctimas de la violencia machista. Los sindicatos UGT y CC OO, por su parte, exigieron la retirada del informe.
Las asociaciones de mujeres se pusieron en alerta desde el momento de la publicación y han conseguido aunar voluntades casi unánimes para la protesta de hoy. Entre las firmantes de la impugnación figuran la Federación de Mujeres Separadas, Mujeres Juristas Themis, Federación de Mujeres Progresistas o el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.