Los funcionarios decidieron pedir el traslado al enterarse de
que el juzgado asumiría las competencias de violencia sobre la
mujer en 2005. Y si lo que buscaban era trabajar menos,
acertaron. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
5 de Torrejón de Ardoz (Madrid) -el que no pudo evitar la muerte
de la argentina Sylvina Bassani a manos de su ex marido,
sargento del Ejército, el pasado 10 de abril- sufrió a partir de
entonces (2005) una importante sobrecarga que llevó a pedir
ayuda a su anterior titular, Gemma Fernández Díaz, nueve meses
antes del asesinato machista. Lo hizo en dos ocasiones. Primero
ante la junta de jueces de Torrejón (el órgano de gobierno de
los juzgados de esa ciudad, del que Fernández formaba parte) y
después ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial.
Ante ambos organismos la magistrada desgranó los defectos de
funcionamiento de su juzgado: su exceso de trabajo, la falta de
medios y la inexperiencia de su personal. El órgano registró en
2006 más de 2.800 casos penales, de los que unos 200 tenían que
ver con la violencia de género. En los seis primeros meses de
2007, los asuntos de maltrato iban ya por 211. "Sufrimos la
tensión diaria de hallarse en funciones de guardia hasta las
13.30 horas debido a la necesidad de atender casi diariamente
detenidos y solicitudes de órdenes de protección", avisó
Fernández a la junta de jueces.
La juez, que se trasladó de juzgado en diciembre de 2007,
reclamaba que la eximieran del resto de asuntos penales y
civiles para poder concentrarse en los de violencia. Pero sus
compañeros en la junta de jueces rechazaron la petición alegando
que no podían asumir más trabajo y que sus juzgados también se
encontraban atascados. Incluso insinuaron que los procesos de
los que pretendía quedar exenta -querellas, intervenciones
telefónicas, entradas y registros, juicios por accidentes de
tráfico y procesos civiles de poca importancia- eran más
complejos que los de violencia sobre la mujer. Pero la titular
del Juzgado número 5 no se rindió y recurrió la decisión ante el
pleno del Consejo General del Poder Judicial.
En su escrito, Fernández recordaba que contaba únicamente con
nueve funcionarios, de los que seis eran eventuales, y por tanto
inexpertos, debido a la huida de los demás titulares cuando el
juzgado asumió las competencias de violencia. "La sobrecarga de
asuntos que conlleva la violencia sobre la mujer impide que la
tramitación sea todo lo eficaz que debiera", avisaba la juez.
"En la mañana de hoy, por ejemplo, cuatro detenidos pasaran a
disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer", añadía la
juez en su recurso, redactado el pasado 6 de julio.
Pero el Consejo, previsiblemente, también rechazará su
petición. El vocal que estudió el recurso, Alfons López Tena
(propuesto por CiU) así lo propondrá al pleno sin entrar en el
fondo del asunto y basándose en un defecto formal: los miembros
de las juntas de jueces no pueden impugnar los acuerdos de los
órganos de los que forman parte.
Fernández estuvo al frente del Juzgado de Violencia de
Torrejón entre el 7 de octubre de 2005 y el 9 de diciembre de
2007. A pesar de ser la titular, no fue la única que tramitó la
orden de protección de Sylvina. Otros dos jueces la sustituyeron
durante ocho meses debido a una baja por enfermedad y a su
posterior maternidad.
