Eduardo López-Palop, el juez de Madrid que
se ocupa en exclusiva de que los
maltratadores de mujeres cumplan sus
condenas, se está planteando pedir el
traslado a otro juzgado. Las estanterías del
órgano que dirige, el Penal 2 de Madrid,
acumulan casi 7.000 sentencias de violencia
de género pendientes de ejecución. "Estoy
sentado sobre un polvorín y fumando",
ironiza el magistrado a EL PAÍS. Los
expedientes no están parados, pero requieren
la máxima atención. No hay tiempo ni manos.
El juez confiesa que no da abasto.
López-Palop es un juez con un amplio bagaje
profesional y muchos años de dedicación a la
magistratura que ya le han causado algún
sinsabor que quiere evitar. Hace más de 15
años fue expedientado por demoras en la
tramitación de sentencias de su juzgado, uno
más de los muchos saturados de España.
Su trabajo, en una materia tan delicada
como la violencia machista, es ahora un
sinvivir. "Cuando llego a casa por la noche
y las noticias hablan de algún hombre que ha
matado a su esposa, se me encoge el
estómago. Ya no puedo dormir esa noche
pensando si será de los míos y si habrá
algún problema".
Le satisface la faceta social que
realiza, "pero no de esta forma; necesito
más medios para prestar un servicio eficaz",
señala. Y se pregunta, con cierto enfado:
"¿Usted cree que un único juez y un
secretario pueden tramitar con normalidad
7.000 expedientes de maltratadores?". En los
últimos dos años ha remitido "cuatro
escritos" al Consejo General del Poder
Judicial pidiendo ayuda. Pero, por el
momento, todo sigue igual.
"Para revisar el estado de los 7.000
expedientes que tenemos ahora mismo, la
secretaria -por cierto, una profesional de
extremada dedicación y eficacia- y yo
necesitaríamos dos años", explica López-Palop.
"Y lo peor es que, cuando terminásemos de
revisar esos 7.000 expedientes, ya se habrán
acumulado otros muchos nuevos".
Visitar la oficina judicial donde se
ejecutan las sentencias de violencia
machista de Madrid es hallar estanterías
repletas y montones de sumarios encima de
las mesas y en el suelo. Los funcionarios,
si están sentados, casi no pueden verse las
caras: las mesas son montañas de
expedientes. Para firmarlos, el juez se las
ve y se las desea entre tanto papel.Lo que
más en vilo tiene a este magistrado no son
los 513 maltratadores que ahora tiene en
prisión, sino los que se hallan en libertad
porque se les ha suspendido la pena al
reunir los requisitos legales: condena
inferior a dos años de cárcel y ausencia de
antecedentes. "¿Qué culpa tendría yo si una
de ellos pierde un día la cabeza y mata a su
mujer?", se pregunta el juez. "El derecho
penal antes era punitivo y preventivo, pero
ahora, tal como están las cosas, los jueces
vamos a tener que ser adivinativos e intuir
cuando un maltratador va a matar a su
pareja".
A diferencia de otras ciudades, en Madrid
hay cinco juzgados dedicados en exclusiva a
ejecutar las sentencias que dictan los 23
juzgados de lo penal de la capital (los que
enjuician delitos con penas iguales o
inferiores a cinco años de cárcel). En
ciudades más pequeñas, como Sevilla, por
ejemplo, el mismo juez penal que celebra el
juicio y redacta la sentencia es quien debe
ejecutarla y vigilar que se cumplen las
órdenes de alejamiento.
-El caso de Mari Luz, la niña de Huelva
asesinada por un pederasta tras dos fallos
judiciales, afloró una gran descoordinación
entre juzgados. Cuando recibe la sentencia
de un maltrador, ¿comprueba si tiene
antecedentes?
-Sí, lo hacemos. Al iniciar el expediente
de ejecución, consultamos la base de datos
del Ministerio de Justicia. Y al instante
tenemos el informe. Por lo demás, un caso
como el de Mari Luz, con el volumen de
asuntos que llegan, podría ocurrir aquí y en
cualquier otro sitio.
-¿Es cierto que muchas parejas incumplen
la orden de alejamiento incluso ante usted?
-De casos concretos, no voy a hablar.
Pero sí, es cierto que se están produciendo
quebrantamientos de condena en masa.
Los cinco juzgados penales de ejecutorias
de Madrid (uno de ellos dedicado
exclusivamente a la violencia machista)
acumulan en este momento 35.000 sentencias,
todas ellas en fase ejecución. Estos
juzgados tienen ahora en busca y captura a
unos 2.600 condenados, 200 por violencia
machista.
Tras el caso del asesinato de la niña de
Huelva, los cinco jueces de ejecutorias de
Madrid se reunieron con el decano, José Luis
González Armengol, para exponerle la
sobrecarga de trabajo que soportan. Ante
ello, la Junta de Jueces acordó solicitar
con urgencia que se dote a cada uno de estos
cinco juzgados de, al menos, dos
secretarios.
