El estado de descontrol en el que estaba sumido
el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5
de Torrejón de Ardoz (Madrid) -el que desatendió
repetidamente las peticiones de auxilio de
Sylvina Bassani meses antes de ser asesinada por
su marido el pasado 10 de abril- se debió a la
asunción de las competencias de violencia sobre
la mujer en 2005. Esos nuevos casos se sumaron a
las causas civiles y penales que le
correspondían hasta entonces y que no dejó de
tramitar. Ésa es la conclusión a la que llegó el
servicio de Inspección del Consejo General del
Poder Judicial tras una visita ordinaria al
juzgado el pasado noviembre.
La inspección
comprobó en esa visita cómo el juzgado número 5
era el que más carga de trabajo tenía de toda la
ciudad (en la que, en total, hay siete órganos
de este tipo). Los asuntos penales que llegaron
en 2005 -año de entrada en vigor de la ley
integral contra la violencia machista- se
dispararon hasta duplicar ampliamente los que,
según el sistema de cálculo del Consejo General
del Poder Judicial corresponden a este tipo de
juzgados. Una tendencia similar se registró al
año siguiente (2006).
Órganos exclusivos
En sus conclusiones, los inspectores
propusieron la creación de un nuevo juzgado (el
número 8) y precisaron los problemas de
"sobrecarga de trabajo" que conllevaba
compatibilizar el conocimiento de asuntos de
violencia con el resto de asuntos civiles y
penales. Esa disfunción, según el informe,
"debería encauzarse mediante la potenciación y
creación de órganos judiciales exclusivos
optando por la correspondencia de varios
partidos judiciales a un mismo juzgado de
violencia sobre la mujer" en el que trabajaran
"jueces y funcionarios especializados en la
materia y con las dotaciones y equipos
adecuados".
El atasco era tal que la inspección llegó a
proponer que se estudiara la posibilidad de que
el juzgado quedara exento del resto de causas
civiles y penales como había propuesto meses
antes la titular del órgano, Gemma Susana
Fernández. "Podría ser conveniente un estudio
que valore la viabilidad de crear algún juzgado
que asuma la materia de violencia sobre la
mujer" en exclusiva para Torrejón o para varios
municipios de esa zona de Madrid, proponía el
informe.
