Sylvina Bassani, la argentina que murió a manos
de su ex marido el pasado 10 de abril tras haber
denunciado reiteradas violaciones de la orden de
alejamiento, cayó en un mal juzgado, el número 5
de Torrejón de Ardoz (Madrid). Nada que ver con
los órganos especializados que existen en
algunas ciudades. No tiene ni fiscal ni equipo
psicosocial especializados ni unidad de
valoración del riesgo de las víctimas. Además,
el órgano estaba atascado. La propia juez había
pedido ayuda al Poder Judicial ante la
imposibilidad de conciliar los casos de maltrato
con el resto de los asuntos, penales y civiles,
que le tocaba tramitar. "El retraso en el
negociado de violencia causa inquietud", llegó a
manifestar la secretaria del juzgado. Al menos
otros 41 juzgados están en la misma situación o
peor. Algunos duplican e incluso triplican la
carga de trabajo que tenía el que no pudo evitar
la muerte de Sylvina.
El Gobierno sólo ha
creado, desde la aprobación de la Ley Integral
de Violencia de Género en diciembre de 2004, 83
juzgados exclusivos en Violencia sobre la Mujer
-órganos con personal especializado que se
encargan sólo de esta materia-. El resto de los
juzgados que tramitan estos procedimientos, 375,
vieron cómo tras la aprobación de la ley
integral les caía encima la losa de la violencia
machista junto con el resto de asuntos penales y
civiles que les tocan por reparto. Son los
llamados juzgados compatibles, muchos de ellos
infradotados en relación a la ingente carga de
trabajo que soportan. Tramitan más de la mitad
de las denuncias que se presentan cada año por
violencia machista: el 56% de las 126.293 de
2007 recayeron en este tipo de órganos.
¿Qué dice la ley integral? ¿Exige juzgados
exclusivos? El artículo 43 sólo obliga al
Gobierno a crear, en cada partido judicial, "uno
o más juzgados de Violencia sobre la Mujer". No
especifica si pueden llevar, además, otras
materias o tienen que centrarse en la violencia
machista. Se determina que la especialización es
necesaria, pero no hasta qué punto. Y en la
práctica se optó por ir creando poco a poco
juzgados exclusivos y hacer que la inmensa
mayoría (el 82%) lleven otros asuntos, además de
la violencia de género. El resultado: las más de
120.000 denuncias que se presentan cada año han
colapsado estos órganos y no se han puesto los
medios suficientes para afrontar la situación.
Que una víctima esté bien, mal o pésimamente
atendida -y protegida- va a depender, en gran
medida, de dónde viva.
En 59 de los juzgados compatibles se
superaron el año pasado las 388 denuncias que
paralizaron el juzgado que llevó el caso de
Sylvina Bassani y 42 no han sido reforzados. El
atasco fue manifiesto sobre todo en las
poblaciones de los cinturones de las grandes
capitales o capitales de provincia. El juzgado
de Violencia de Alcorcón (Madrid), por ejemplo,
recibió 633 denuncias y el de Badalona
(Barcelona), 956; 632 el de León y 602 el de
Almería. Lo mismo ocurrió en varias poblaciones
importantes que no son capital de provincia,
como Cartagena (Murcia), con 809 casos, Marbella
(Málaga, 890), Dénia (Alicante, 603) o Gandía
(Valencia, 761). En algunas de estas ciudades se
crearon juzgados exclusivos el pasado diciembre.
Otras zonas claramente colapsadas son las
islas, donde varios juzgados presentan cifras
alarmantes. El de San Cristóbal de la Laguna
(Tenerife) supera ampliamente a muchos juzgados
exclusivos, con 772 denuncias y en la misma
situación se encuentra el de Telde (Gran
Canaria), con 853. El de Puerto del Rosario
(Fuerteventura) sobrepasa al de Torrejón con 496
casos, y lo mismo ocurre en Ibiza (456).
"Las víctimas reciben una respuesta judicial
de calidad muy diferente, según sea el lugar
donde se produce el delito", afirma Montserrat
Comas, presidenta del Observatorio contra la
Violencia Doméstica y de Género del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ). El órgano de
gobierno de los jueces detectó estas
disfunciones gracias a un informe del servicio
de Inspección elaborado el año pasado a través
del análisis de 50 juzgados y cuyas
conclusiones, según fuentes del CGPJ, continúan
vigentes. Una de ellas, quizá la principal, es
que la materia de violencia "no resulta
compatible con la civil y penal que les
corresponde". Es decir, lo que ocurre en el 82%
de los juzgados encargados de la violencia
machista.
El mismo informe señala que cualquier
diligencia de maltrato es equivalente a cinco de
otras materias por la urgencia de estas
actuaciones, que exigen una decisión inmediata
sobre el detenido y la víctima. "La asunción de
las competencias de violencia afecta mucho al
resto de los casos del juzgado, que acaban por
sufrir enormes retrasos", señalan fuentes del
Poder Judicial.
El estudio subraya, además, las diferencias
de medios materiales y servicios ofrecidos por
los distintos órganos, comparando los juzgados
exclusivos y los compatibles. Cuatro de cada
cinco exclusivos tenían un fiscal propio y
especializado en esta materia. Sólo un tercio de
los compatibles contaban con fiscal permanente y
en un ínfimo 4,3% éste era especialista en
violencia machista.
Lo mismo ocurre con los equipos de psicólogos
y trabajadores sociales encargados de evaluar a
la víctima, a su agresor y el riesgo de que el
maltrato se repita. Cada juzgado exclusivo tiene
uno, pero los compatibles con equipo propio sólo
son uno de cada tres, lo que obliga a acudir, en
la mayoría de los casos, al equipo psicosocial
de la capital de provincia, con los
consiguientes retrasos. Finalmente, la inmensa
mayoría de los juzgados exclusivos cuentan con
un turno de oficio específico de asistencia a la
víctima mientras que sólo existe en un tercio de
los compatibles.
"La especialización que pretendió el
legislador durante la tramitación de la ley
integral contra la violencia de género no existe
de facto en estos juzgados", explica
Montserrat Comas. "En la práctica, estos órganos
se han convertido en juzgados de guardia que
tienen completamente ocupadas sus horas de
audiencia con las declaraciones de los detenidos
y las víctimas y con la urgencia que imponen las
órdenes de protección que se deben dictar casi a
diario. No hay tiempo para llevar otros
asuntos", continúa la presidenta del
Observatorio de Violencia de Género.
La solución que se propone desde el órgano de
gobierno de los jueces es la comarcalización,
es decir, la creación de nuevos juzgados
exclusivos como los 83 que ya están en marcha y
la extensión de su competencia a varios partidos
judiciales que ahora están cubiertos con
juzgados compatibles colapsados. "El objetivo es
conseguir una respuesta judicial de calidad, con
recursos que los juzgados que compatibilizan
esta materia con sus causas civiles y penales no
suelen tener", prosigue Comas. Se trata de una
posibilidad prevista en la Ley Integral de
Violencia de Género pero que obligaría a
reformar la de Demarcación y Planta Judicial, la
que establece la distribución de los juzgados en
el territorio.
El Gobierno intentó esa modificación legal en
marzo del año pasado con una enmienda
introducida por el Grupo Socialista en la Ley de
Igualdad durante su tramitación en el Senado. La
iniciativa, que contaba con el apoyo de las
comunidades autónomas con competencias de
justicia, decayó debido a la oposición del PP y
CiU. Esas formaciones no se oponían en principio
al contenido de la reforma, pero reclamaron que
se tramitara mediante su propio proyecto de ley.
La enmienda creaba 33 nuevos juzgados exclusivos
y, como proponía el Poder Judicial, les daba
ámbito comarcal, extendiendo la especialización
a las periferias de las grandes capitales,
poblaciones importantes e islas, donde se
concentran los juzgados compatibles más
atascados.
La falta de apoyos en la Cámara Alta dejó ese
ambicioso plan en agua de borrajas y el
Ministerio de Justicia se conformó con convertir
27 juzgados de primera instancia e instrucción
en exclusivos de violencia. 17 de ellos se
encontraban entre los que más denuncias habían
recibido en 2007. Comenzaron a funcionar el
pasado 28 de diciembre.
El Observatorio de Violencia Doméstica
considera que no es suficiente y que la
comarcalización debe ser prioritaria debido
al mal estado de muchos juzgados. "Para que los
jueces se acerquen al 100% en la valoración del
riesgo de las víctimas y se eviten nuevos casos
como el de Sylvina Bassani es indispensable la
presencia permanente del fiscal y que, al menos
en cada provincia, haya unidades de valoración
forense, que todavía no existen en algunas
comunidades autónomas", concluye Comas.
