La argentina Sylvina Bassani era muy consciente
de que su vida corría peligro. Su ex marido,
sargento del Ejército, la acosó y persiguió
durante dos años. Ella llegó incluso a
trasladarse de provincia (de Madrid a
Guadalajara) para huir de él. Finalmente, la
encontró, le pegó un tiro a ella, otro al hombre
con el que vivía y se suicidó. Todo ocurrió
delante del hijo del asesino y la víctima, de
cuatro años, el 10 de abril de este año. Bassani
había pedido ayuda muchas veces. Había
comunicado en una veintena de escritos que el
militar estaba quebrantando la orden de
alejamiento impuesta en septiembre de 2006.
Una juez denegó todas sus peticiones en abril
del año siguiente, incluyendo la prisión
provisional del hombre y que se le realizara una
prueba psiquiátrica. Y un escrito en el que se
pedía que se preguntara al Ministerio de Defensa
si el agresor tenía armas -tenía una que utilizó
el día del crimen- ni siquiera fue contestado.
Pero, a pesar de esto último, la Comisión
Permanente del Poder Judicial decidió ayer por
unanimidad archivar el caso y eximir de
responsabilidad disciplinaria a los jueces. Y
culpan de los retrasos en la tramitación, sobre
todo, a una funcionaria. ¿Ninguno de los cuatro
jueces que se encargaron del caso tuvo nada que
ver en el desaguisado ni debe responder por
ello? Según lo que se desprende de la
información del propio informe de CGPJ, sí
existen algunas actuaciones cuestionables.
El encargado de llevar el caso de Sylvina fue
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número cinco de Torrejón de Ardoz (encargado de
la violencia de género y del caso de Sylvina),
un órgano sobrecargado y cuya situación era
desastrosa, como había determinado el Consejo
General del Poder Judicial por una inspección
llevada a cabo en julio de 2007. Durante los
meses que duró la tramitación del procedimiento
penal de Sylvina contra su ex marido (desde
septiembre de 2006 hasta su asesinato en abril
de 2008) pasaron por él cuatro jueces, dos
titulares y dos sustitutos. Pero, según el CGPJ,
los responsables del desastre generalizado no
fueron ellos sino una funcionaria que no había
tramitado varios escritos de la víctima.
Pero, aunque esta funcionaria -de la que se
dice falsamente que carece de la "más mínima
formación jurídica", ya que es licenciada en
Derecho- haya cometido varias negligencias, el
trabajo de los magistrados no fue impecable.
Gemma Susana Fernández -que intervino en el caso
desde el 26 de marzo hasta el 10 de diciembre de
2007-, tomó decisiones más que discutibles. La
primera tiene que ver con la organización del
juzgado. Si era evidente que esta funcionaria
era incompetente, ¿por qué se le encomendaron
los sensibles expedientes de violencia de
género? ¿No tiene la juez ninguna
responsabilidad por haberlo permitido? Ese
juzgado tramita también otros temas civiles y
penales, por lo que se le podrían haber
atribuido asuntos menos delicados.
En segundo lugar, la juez Fernández jamás
contestó a la petición del abogado de la víctima
de que se oficiase al Ministerio de Defensa para
saber las armas de que disponía el acusado. El
sargento tenía una Smith&Wesson del calibre
nueve milímetros que no aparecía en la base de
datos de la Guardia Civil. No era un arma
reglamentaria sino que la había adquirido de
forma privada con su tarjeta de suboficial del
Ejército. En una resolución de abril de 2007 en
la que la juez denegaba todo lo que pedía la
víctima -poder prestar declaración de nuevo, que
se emitiera un informe psiquiátrico del agresor
y que se celebrara una comparecencia para su
ingreso en prisión provisional por quebrantar la
medida de alejamiento-, no se contestaba al tema
de las armas. El Ejército jamás recibió escrito
judicial alguno sobre este punto. Y, finalmente,
la víctima volvió a poner en conocimiento de la
juez, en el mes de mayo, que el hombre le había
pinchado las ruedas del coche y que algunos
vecinos le habían visto merodear por su
domicilio y robar correspondencia del buzón.
Volvió a pedir una comparecencia para su ingreso
en prisión. La juez jamás contestó. Estos
comportamientos de la magistrada no se pueden
imputar a la funcionaria.
Pero ninguna de estas actuaciones de la juez
ha merecido el reproche disciplinario del Poder
Judicial. Montserrat Comas, vocal de la Comisión
Disciplinaria, explica la decisión y reconoce
que ha habido un mal funcionamiento de la
Administración de Justicia en este caso: "Hemos
entendido que no contestar a la petición sobre
las armas puede haber sido un olvido, y no lo
recurrieron ni el abogado ni el fiscal. No me
cabe duda de que en este caso han fallado muchas
cosas, y que ha habido desaciertos jurídicos en
cuanto a la denegación de pruebas, pero eso
nosotros no podemos valorarlo. Y en cuanto a la
responsabilidad disciplinaria, consideramos que
la juez no ha tenido una actitud pasiva ante los
problemas del juzgado. Había comunicado que
estaba sobrecargada, que tenía más funcionarios
interinos que titulares, que la situación estaba
descontrolada y había pedido que se modificara
el reparto para liberarla de su evidente carga
de trabajo excesiva".
En cualquier caso, con tres muertos sobre la
mesa y una petición de auxilio al Estado de dos
años, muchas son las instituciones y personas
que deberían asumir responsabilidades por lo
sucedido. La fiscalía, que pidió que se
archivara la causa. La Consejería de Justicia de
la Comunidad de Madrid, que tenía una psicóloga
adscrita al juzgado con récord de quejas que
emitió un informe en el que negaba de forma
absoluta que el hombre fuera un maltratador y
recomendaba a la mujer "superar sus conflictos
de pareja". Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, que debieron haber controlado las
armas de que disponía el agresor aunque no lo
pidiera el juez. Y también, por supuesto, la
juez que le negó sistemáticamente la ayuda que
pedía, y la funcionaria, si no tramitó
diligentemente los escritos.
