Gabriela Toledo murió a pesar de que los tribunales habían
adoptado medidas cautelares para su protección permanente
desde 2006 hasta que finalizara la causa que se seguía
contra su ex novio. El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid recordó ayer que "la protección de las víctimas de
malos tratos corresponde a los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, y que son ellos los únicos encargados
de velar por el cumplimiento efectivo de las órdenes de
alejamiento cuando tienen constancia, como en este caso, de
que han sido desobedecidas por el agresor".
Por esa razón,
los jueces que participaron en este caso han dado por hecho
que durante todo este tiempo, los agentes de seguridad del
Estado hacían su trabajo, es decir, impedían que el agresor
se acercara a su víctima. Sin embargo, la familia ha
declarado que la acosaba en casa y en el trabajo, en todo
momento. Y la propia Gabriela fue a denunciar dos veces a la
Guardia Civil en las 48 horas previas a su muerte, las
amenazas y acoso de su ex novio, un hombre que la obligó a
cambiar varias veces la cerradura de su casa porque le
robaba el bolso y le quitaba las llaves, se acostaba con
ella con la amenaza de un cuchillo bajo la almohada, dejaba
pintadas en las paredes...
Las órdenes de protección dictadas en 2006 se comunicaron
a los agentes, que también pueden comprobar el caso de la
víctima que denuncia con sólo echar un vistazo en el
Registro de Víctimas de Violencia Doméstica, al que tienen
acceso.
El Ministerio de Interior no da explicaciones sobre la
actuación de los agentes de seguridad, amparándose en el
secreto sumarial del caso.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género, Montserrat Comas, declaró ayer que no
encuentra "desidia judicial en este caso, máxime teniendo en
cuenta que había medidas cautelares".
