Dice el Gobierno: "No caben triunfalismos mientras una sola
mujer muera asesinada". Y van 30 este año. Tampoco "hay
necesidad de una reforma en la Ley Integral contra la
Violencia de Género", afirmó ayer la ministra de Igualdad,
Bibiana Aído. Entonces, quizá se necesiten más recursos...
Pero no parece que vayan por ahí los tiros.
En la rueda de
prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de
Igualdad presentó algunos datos después de tres años de vida
de la Ley Integral: el Gobierno ha invertido casi 800
millones de euros, las denuncias de mujeres se han
incrementado un 72% y el 89% de las solicitudes de órdenes
de protección se han concedido; habrá 92 juzgados exclusivos
cuando la ley sólo preveía 17 y el número de condenas a
maltratadores y asesinos supera las 300.000. Y los policías
y guardias especializados, que en 2004 eran medio millar,
ahora son 1.848.
Esos son los datos, pero la realidad también es tozuda, y
las mujeres siguen muriendo, algunas tras escandalosas
negligencias judiciales y otras perfectamente desprotegidas
a pesar de que hay órdenes cautelares contra los agresores.
"La ley está en una fase incipiente", dijo la ministra, y
abogó por "una mayor coordinación con las comunidades y los
ayuntamientos y una mayor implicación de todos". De nuevo,
remitió a la conferencia de presidentes autonómicos que se
reunirán con Zapatero a la vuelta de las vacaciones de
verano, que ha de sentar "las bases de un gran pacto de
Estado", reiteró Aído.
La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega,
aseguró que la ley "es buena y vanguardista, que recoge
medidas educativas, rehabilitadoras, pero hay que seguir
trabajando". "No tenemos una postura dogmática", dijo,
"estamos abiertos a la modificación". Pero acto seguido la
ministra afirmó que "hay que seguir reflexionando" y que a
la vista de los datos "no se detecta la necesidad de una
reforma en algún aspecto concreto de la ley".
