La presidenta de la sección 27 de la Audiencia Provincial
especializada en violencia sobre la mujer, la magistrada
María Tardón, reclamó ayer que se habiliten más órganos
judiciales en Madrid para atender los casos de violencia
machista. "Los Juzgados están ya saturados de denuncias nada
más nacer", señaló. Tardón también considera urgente ampliar
los equipos de apoyo psicosocial que permitan detectar los
casos que pasan inadvertidos y ofrezcan mejor atención a las
maltratadas.
La sección 27 de la Audiencia Provincial de
Madrid tiene una lista de espera de cuatro meses para
estudiar los recursos de apelación en casos de violencia
contra la mujer. Tardón explicó ayer que trabajan incluso
los fines de semana y no dan abasto. La magistrada, que ayer
participó en el seminario Medios de comunicación,
administraciones públicas y violencia de género,
celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) de Santander, reclama "desde hace más de un año" que
se abra una nueva sección especializada en este tipo de
delitos que solucionaría, a su juicio, el atasco de
expedientes.
La habilitación de nuevos juzgados fue una de las
reclamaciones que hizo la Comunidad de Madrid en su reciente
reunión con la ministra de Igualdad, Bibiana Aído. La
directora general de la Mujer, María José Pérez Cerejuela,
pidió órganos judiciales dedicados en exclusiva a la
violencia de género "para que no se sature tanto la causa
civil", es decir, las separaciones, divorcios, custodia de
los hijos y régimen de visitas.
Una negación frecuente
Tardón lamentó "la frecuencia" con la que las víctimas de
violencia machista niegan haber sido maltratadas, en
relación con el caso de Jesús Neira, el hombre agredido
mientras intentaba socorrer a una mujer que era golpeada por
su pareja. "El caso de mujeres a las que les cuesta
reconocer que son víctimas de violencia de género es muy
habitual", añadió Tardón.
La magistrada explicó que no contemplan una posible
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impida a
las mujeres negarse a declarar contra sus parejas porque
"las asociaciones de abogadas se oponen fieramente". Según
Tardón, el motivo es que algunas víctimas "preferirían que
se las acusara de falso testimonio en caso de tener que
declarar antes que su agresor fuera condenado".
