Riesgo extremo. Así califica la policía el nuevo nivel de
peligro en que puede estar una mujer maltratada. El que
activa todas las alarmas. La protección policial todavía no
consigue evitar todas las muertes, aunque éstas fueran
previsibles. Fue el caso de la joven Katherine, asesinada el
lunes pasado en Tenerife: ni una orden de protección sobre
ella, ni una de alejamiento sobre su pareja evitaron el
trágico final. En las concentraciones de repulsa por este
crimen se escucharon quejas sobre la desprotección de la
víctima, la número 47 en lo que va de año. Y es que sólo 514
agentes especializados del Cuerpo Nacional de Policía tienen
en sus manos la misión de proteger a unas 25.000 víctimas de
violencia de género. Cincuenta mujeres por agente.
Los
miembros de las llamadas UPAP (Unidades de Prevención,
Asistencia y Protección) son los encargados de defenderlas
de sus agresores y de controlar a éstos, además de evaluar
periódicamente el riesgo que corren. Una labor que exige
dedicación absoluta. "No hay medios ni personal suficiente",
se queja un portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que
cita situaciones como la de Madrid, donde cada agente tiene
que atender a más de 25 mujeres, o la de Gijón, con tres
funcionarios para más de mil casos. Pese a los esfuerzos, en
el año 2007 un total de 12 de las 74 mujeres asesinadas
tenían una orden de protección en vigor. Así las cosas, la
instauración de un nuevo nivel de riesgo con protección
exhaustiva viene a aumentar la carga de trabajo.
La modificación del protocolo policial para valorar el
peligro, en vigor desde el 18 de julio, busca mejorar y
perfeccionar el anterior. Las medidas que se activan cuando,
tras evaluar las diligencias policiales, resulta que el
nivel de riesgo es extremo son: "vigilancia permanente de la
víctima", "control intensivo de los movimientos del agresor"
y, en su caso, supervisión de los centros escolares de los
hijos. Lo necesario para garantizar la seguridad de la
víctima. Casi convertirse en su sombra.
"Las mujeres que tienen una protección diaria son sólo
las amenazadas de muerte", dice un policía de una UPAP de
Madrid. "En esos casos hay tres funcionarios por mujer",
explica, divididos en turnos. Pero pocas logran este nivel
de seguimiento. Consuelo Abril, abogada matrimonialista,
cuenta que ahora mismo tiene varios casos de mujeres que no
se sienten protegidas. "Yo tengo claro que me va a matar".
Así expresan su miedo a la abogada. Porque el contacto
telefónico que se ofrece en la mayoría de los casos no
siempre es suficiente para ellas.
"Tenemos un máximo de 10 cada uno, para poder atenderlas
bien", explica el miembro de la UPAP de Madrid. El
seguimiento es "exhaustivo", y cada día las llaman a todas.
Aún así, con los 514 agentes que integran estas unidades en
todo el país, las cuentas no salen. Cuando se le pregunta si
son suficientes para todas las víctimas a las que hay que
proteger, el policía contesta que los recursos van
aumentando poco a poco. "Tendrían que ser más. Pero es el
pan nuestro de cada día", remata. En su comisaría, la
creación de un grupo especializado completo, con agentes de
distintas categorías, está todavía a medias.
La creación de estas unidades policiales especializadas
"es una forma de organización interna que en principio es
buena", estima el delegado del Gobierno para la Violencia de
Género, Miguel Llorente. "Pero si se ve superado por el
número de casos habría que ir adaptándolo a las necesidades
de la demanda".
Las UPAP, que fueron promovidas por la Ley Integral de
Violencia de Género, empezaron a funcionar con 89 agentes.
Hoy, cuatro años después, sus puntos débiles pueden
resumirse en cuatro, según explica Montserrat Comas,
presidenta del Observatorio de la Violencia de Género: hay
que ampliar los recursos y mejorar la efectividad de los que
ya existen, facilitar la colaboración con los policías
locales y revisar los protocolos que se siguieron cuando una
mujer asesinada tuviera una orden de protección en vigor,
para aprender de los posibles fallos. Porque algo no
funcionó en casos como el de Gabriela Toledo, muerta en
junio pasado. Su pareja, además de una orden de expulsión
del país, tenía una orden de alejamiento que incumplía. Y
volvió a acosarla. Ella acudió a la Guardia Civil para
contarlo, pero al día siguiente su agresor la mató.
"Ha habido una evolución de los medios en el terreno de
la seguridad a las víctimas", opina Comas, "pero no ha sido
suficiente. En la reunión de presidentes que ha convocado
Zapatero debería ser uno de los temas estrella". El
presidente del Gobierno ha anunciado que la próxima reunión
con las comunidades autónomas abordará monográficamente el
problema de la violencia de género.
De momento, ni el aumento del número de denuncias por
parte de las mujeres (más del 12% desde que se aprobó la
ley) ni el de las órdenes de protección acordadas por los
jueces (casi un 72% del total de las solicitadas en el
primer trimestre del año, según datos del Consejo General
del Poder Judicial) ha logrado reducir significativamente
los asesinatos machistas. Sí han bajado las muertes en las
que mediaba una denuncia o una orden de protección, según
datos del Ministerio de Igualdad. Pero en lo que va de mes
ha habido ya ocho muertas presuntamente a manos de sus
parejas, una más que en todo agosto del año pasado.
"Tenemos una de las mejores leyes de Europa y no hacemos
más que sacar medidas puntuales", señala la abogada Consuelo
Abril. "Habrá que buscar que realmente se cumplan y sean
viables", concluye.
La poca efectividad es precisamente una de las quejas que
han elevado los sindicatos policiales, quienes la achacan a
la falta de personal y de presupuesto. "Muchas comisarías
pequeñas tienen dificultades para ubicar un despacho para
estas unidades y tampoco tienen coches oficiales", denuncia
el portavoz del Sindicato Unificado. También se muestra
descontento con que los cursos de formación especializada en
violencia de género sean breves y poco prácticos y con que
estos puestos estén destinados a agentes en segunda
actividad (en situación previa a la jubilación).
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, inició en febrero
pasado una investigación de oficio para evaluar la
situación. Actualmente está a la espera de que las
comunidades le remitan la información correspondiente. El
Ministerio de Igualdad, por su parte, en la evaluación de
los tres años de funcionamiento de la ley que presentó en
julio, señala entre sus logros la mejora de los recursos
para seguridad.
"Cuando hablamos de protección, el riesgo cero no
existe", alega Miguel Llorente. "Las órdenes de protección
sirven para crear un contexto de seguridad y ahí viene la
importancia de la evaluación del riesgo". Acertar en este
punto es clave, y quienes trabajan con las víctimas
coinciden en señalar que no es una tarea fácil, y que deben
llevarla a cabo verdaderos especialistas en este tipo de
maltrato.
El caso de Tanta Stan, asesinada en julio en Logroño, da
idea de las dificultades. Su marido tenía que abandonar el
país como sustitución de una pena de prisión por malos
tratos; pese a ello, estaba en busca y captura porque había
vuelto a llamarla. En la fachada de la mujer aparecieron
pintadas amenazantes, según los vecinos, días antes de su
muerte. Pero ella no lo contó cuando el policía que la
protegía la llamó el mismo día del asesinato. ¿Por qué no se
sentía en riesgo? A estas mujeres no se les puede preguntar
si están en una situación de peligro, según los expertos,
porque "ellas no lo van a aceptar; de su mente escapa toda
posibilidad de riesgo real". En este caso, no tenía miedo
porque lo creía fuera del país. Por eso se la calificó en
riesgo bajo.
Los agentes que tramitan la denuncia o que tienen que
aplicar la orden de protección son los encargados también de
valorar el peligro. Lo hacen mediante un formulario
estandarizado, y deben revisarlo periódicamente, dependiendo
del riesgo. El nuevo nivel de peligro extremo exige
evaluaciones cada 72 horas. Según el Sindicato Unificado de
Policía, un 25% del tiempo de trabajo se invierte en
burocracia. Katherine, la mujer de 26 años muerta el pasado
lunes, había visto bajar su nivel de riesgo de medio a bajo.
Hechos como este "ponen en evidencia que las medidas son
insuficientes", opina Altamira Gonzalo, presidenta de la
Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Pese a que su agresor volvió a amenazarla, no se le
asignaron más agentes. "Las medidas de protección no son un
instrumento fiable al 100%, pero los organismos públicos
debemos tender a que se acerque lo más posible", concluye
Montserrat Comas.
