El Gobierno ya ha entregado a los grupos políticos del
Congreso el informe de impacto por razón de género que
acompaña a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un
documento que llega tarde y cuya lectura prueba que se ha
hecho con precipitación. El propio Gobierno lo reconoce al
calificar dicho documento de "heterogéneo e incompleto",
pero lo considera una "ambiciosa iniciativa cuya plena
aplicación requerirá varios ejercicios", de tal forma que
este primer informe sólo puede considerarse "como un
importante punto de partida".
El documento, mal que bien,
analiza la situación social en la materia de la que se
trate, por ejemplo, el número de mujeres que reciben
pensiones, la cifra de maestras y catedráticas, o de
víctimas de violencia machista. En contados casos se
especifica el dinero para esas partidas. Pero en ningún
momento figura un apartado con las recomendaciones a seguir,
algo sobre lo que han insistido las instituciones europeas,
a quienes se invoca en la primera línea del texto.
Y todos los ministerios, a pesar de que algunos han
elaborado informes muy deficientes, incluyen al final la
misma coletilla: que el impacto de sus cuentas es positivo
para la igualdad. El documento final consta de 148 folios,
que los ministerios se han distribuido de forma muy
desigual.
- Pensiones y fondos. Un informe de impacto de género
correcto debe detallar, en el caso de las pensiones, por
ejemplo, cuáles son mayoritariamente de mujeres y, si son
las más bajas, proponer cambios. Pues en este caso, el
informe revela que el 72% de estas pensiones son para
mujeres, pero no han recibido incremento alguno. Y el fondo
de garantía para alimentos en caso de divorcio estará dotado
con 300.000 euros, lo que indica que la burocracia para
acceder a estas ayudas será mayor que el dinero que recibirá
cada mujer.
- Poco o nada. En Fomento les ha bastado con una hoja
para decir que la actividad de su departamento "no tiene un
impacto directo en las políticas de género", pero que
seguirán favoreciendo que haya un porcentaje para mujeres en
los nuevos contratos para promover la igualdad. (Las
oposiciones de hace dos años para bomberos de AENA no
incluyeron esa reserva obligatoria del 5% y las ocho mujeres
que aprobaron se quedaron sin plaza. El caso está en el
Supremo). El texto advierte en sus consideraciones finales
de la falsedad que supone entender que un departamento no
tiene incidencia directa en la igualdad de sexos.
- Ausencias notables. Es sorprendente que el Ministerio
de Educación y Política Social no haya analizado en este
informe sus presupuestos para la Dependencia, una ley con
una destacada influencia sobre la mujer, que es la que se
encarga mayoritariamente de los cuidados de ancianos y
discapacitados, abandonando para ello, en ocasiones, su
empleo remunerado. Analiza, eso sí, la repercusión que la
escolarización infantil tiene para la incorporación de las
madres al trabajo, pero no se ve ni una cifra del
presupuesto. Mucho más pobre es aún el texto que han
presentado el Ministerio de Cultura, más parecido a una
declaración de intenciones que a esa "voluntad clara" de
elaborar un informe de género que se atribuye el Gobierno.
- Sólo para mujeres. El informe advierte de que toda la
acción pública debe estar impregnada de los principios de
igualdad. Por tanto, sería incompleto reseñar sólo los
programas o partidas finalistas para la mujer (violencia de
género, por ejemplo), algo a lo que se aplican profusamente
algunos ministerios en su texto. Lo hace el de Ciencia e
Investigación, que en lugar de analizar si son mujeres u
hombres los que presentan proyectos de investigación para
ser subvencionados (algo que ya hacen en Andalucía), se
dedica a señalar el impulso a los estudios de género, el
apoyo a unidades de igualdad en las universidades o a
publicar atlas de mujeres. Y no dicen con qué dinero.
