De atender sólo al dato de mujeres muertas por actos
atribuibles a violencia machista, pocas dudas caben de que
la Ley Integral contra la Violencia de Género no ha supuesto
un avance en la erradicación de esta lacra. 2008 ha
concluido con 73 mujeres asesinadas a manos de su pareja o
ex pareja, una menos que el año pasado. Lo más preocupante
es que la cifra se mantiene prácticamente igual desde la
entrada en vigor de la ley, hace cuatro años, y que incluso
supera la media de las mujeres asesinadas en los años
inmediatamente anteriores.
El siniestro cómputo es
engrosado cada vez más por víctimas de parejas extranjeras,
procedentes de sociedades culturalmente patriarcales y de
rasgos más marcadamente machistas que la española actual.
Aumenta el número de agresores foráneos y resulta anómalo,
hasta configurarse como un problema específico, que en
colectivos que representan el 12% de la población se
produzcan casi la mitad de las víctimas mortales de la
violencia de género. Al margen de explicaciones culturales,
es un indicio de la situación de especial sumisión y de la
ausencia de una red familiar de amparo que sufren muchas de
esas mujeres, que las convierte en víctimas preferentes, en
ocasiones también de maltratadores autóctonos. Lo que
sugiere, a su vez, la necesidad de programas de atención y
prevención dirigidos a estos colectivos concretos.
La Ley contra la Violencia de Género ha servido, sin
duda, para hacer aflorar la violencia machista. Cada vez son
más las mujeres que se atreven a denunciar su situación de
maltrato, y las posibles denuncias falsas no son argumento
válido para desprestigiarla. Corresponde a los jueces
detectarlas y sancionarlas, como ocurre en el conjunto del
sistema penal. Pero quizás sea tiempo de que los
responsables políticos comiencen a hacer un balance global
tanto sobre sus aciertos como sobre sus fallos o estrategias
equivocadas. Existen críticas fundadas a la orientación de
la ley en aspectos concretos que habría que valorar.
A la ley, publicitada antes de tiempo como un hito, le
resta todavía un buen trecho para disponer de los medios
previstos, tanto judiciales como sociales y educativos. Lo
cual hace que se resalten sus aspectos más represivos y
estrictamente penales, en detrimento de las terapias
rehabilitadoras del maltratador que deben acompañar a su
condena
