Los trabajos en beneficio de la comunidad, que se imponen
como condena por delitos leves, no pueden cumplirse en su
totalidad porque no hay plazas suficientes para ello, como
están denunciando jueces y abogados. El año pasado, a 30 de
noviembre, habían llegado a Instituciones Penitenciarias
cerca de 35.400 condenas de esta clase.
Los trabajos en
beneficio de la comunidad, que se imponen como condena por
delitos leves, no pueden cumplirse en su totalidad porque no
hay plazas suficientes para ello, como están denunciando
jueces y abogados. El año pasado, a 30 de noviembre, habían
llegado a Instituciones Penitenciarias cerca de 35.400
condenas de esta clase contando sólo los delitos de
seguridad vial y los de violencia de género, y sólo hay
12.000 plazas para todos los casos. Es cierto que estas
plazas pueden ser ocupadas por más de un condenado, incluso
simultáneamente, por turnos, pero eso no impide que en buena
medida no se estén cumpliendo estas penas.
Sirven de ejemplo los casos de violencia de género. El
año pasado (con datos hasta noviembre) Instituciones
Penitenciarias había recibido 9.086 penas por este delito de
las que, hasta esa fecha, se habían cumplido 3.000. Otras
3.000, dicen, se estaban ejecutando entonces y se
gestionaban unas 1.100 más. Restaba un 30% que quedaba, como
estas últimas, a la espera.
Y por violencia de género se dicta una ínfima parte de
estas condenas. El grueso se lo llevan los delitos de
seguridad vial, que sumaron 26.300 el año pasado. En
Cataluña, con las competencias penitenciarias transferidas,
y con un éxito mayor que en el resto de España para poner en
marcha estas condenas, a decir de los expertos, reconocen
que sólo se cumplen la mitad de ellas, por esa falta de
plazas.
El Código Penal introdujo en 1995 las penas de trabajo en
beneficio de la comunidad y en su reforma de 2003 se pedía
potenciar y mejorar la eficacia de este sistema. Está
pensado para delitos menores que se cometen por primera vez
y en ausencia de antecedentes penales. Suelen ser penas
aleccionadoras encaminadas a modificar la conducta del
enjuiciado. Si se trata de velocidad al conducir, se les
adjudican trabajos en un centro de tetrapléjicos; si de
pintadas en la pared, pueden acabar limpiando con las
patrullas municipales; si es un delito de tenencia de
drogas, en un centro de desintoxicación, por poner unos
ejemplos. Pero en la práctica esto no se cumple. Es
imposible por ahora, reconocen en Instituciones
Penitenciarias.
Los condenados han de desempeñar uno de estos trabajos
entre 30 y 80 días. Y hay para ello y plazo de un año. Si en
un año no se ha proporcionado una plaza, el condenado se irá
de rositas. Se procura compatibilizar estas tareas con el
empleo del infractor, buscando los días, las tardes, los
fines de semana más adecuados. De ello se encargan los
servicios sociales de Instituciones Penitenciarias, a veces,
con demasiada benevolencia, teniendo en cuenta que estas
penas no son voluntarias, hay que cumplirlas. Se han dado
casos de tener plazas y no ocuparlas porque no le viene bien
al penado llegar hasta un pueblo determinado o en un horario
concreto. En 2005, Instituciones Penitenciarias firmó un
acuerdo con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) para ir incorporando ayuntamientos con el
fin de procurarse plazas donde ejecutar estas condenas. En
la actualidad, la FEMP ha proporcionado casi 4.300 plazas
gracias a este convenio con 603 ciudades de todas las
comunidades, menos Cataluña.
Pero entre los juristas que se dedican a los casos de
violencia de género, como ocurre en la Comisión de
Investigación de Malos Tratos a Mujeres, hay una especial
preocupación por "la impunidad" en que quedan muchos de
estos casos. "Algunos, además se niegan a hacer algo y el
patrón no ve la forma de obligarles", afirman.
Los hombres que son enjuiciados por maltrato leve a su
pareja y se avienen a la pena solicitada por el fiscal
pueden acabar condenados a hacer trabajos en beneficio de la
comunidad. Estas condenas están pensadas para los delitos
leves y sin reincidencia. Los maltratadores que no se
manifiestan conformes con la pena van a juicio y si la
condena es de sólo unos meses, como el habitual, puede
suspenderse por un programa de rehabilitación, algo que
tampoco existe en la mayoría de las comunidades, donde
apenas hay cursos sin homologar y sin las características
suficientes para cumplir con lo previsto.
En Cataluña aseguran que estas penas sólo se cumplen en
un 50%. José Antonio Rodríguez, magistrado del penal 21 de
Ejecutorias de Barcelona, explica: "En 2008 se cumplieron
unas 1.500 del total de los delitos, y el resto, quedó a la
espera". Rodríguez asegura que no hay plazas para todos en
instituciones de carácter social, como la Cruz Roja, "ni en
un centro de tetrapléjicos", por poner un ejemplo.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia de
Género de los jueces (CGPJ), Inmaculada Montalbán, reconoce
que siempre ha habido problemas para aplicar estas penas en
beneficio de la comunidad, aunque en algunos sitios, como en
Cataluña, dice, la experiencia fue más exitosa. Conoce los
problemas de plazas que suelen darse, pero insiste en que es
una pena "idónea para estos hechos delictivos primarios y
sin antecedentes". "Creo que debería hacerse un esfuerzo",
dice. "Si no se pueden cumplir se queda la sensación de
impunidad y eso no es bueno", añade Montalbán.
