Faltan oficinas de atención a las víctimas, equipos
psicosociales, médicos forenses y fiscales exclusivos,
unidades de valoración del riesgo, una mejor coordinación
con los servicios sociales, puntos de encuentro familiar,
dependencias reservadas para las víctimas y formación en
violencia de género para los jueces y secretarios
judiciales.
Faltan oficinas de atención a las víctimas,
equipos psicosociales, médicos forenses y fiscales
exclusivos, unidades de valoración del riesgo, una mejor
coordinación con los servicios sociales, puntos de encuentro
familiar, dependencias reservadas para las víctimas y
formación en violencia de género para los jueces y
secretarios judiciales. Cuando se iban a cumplir tres años
de la puesta en marcha de los juzgados de violencia sobre la
mujer en España, el Observatorio contra la violencia
doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) comenzó a elaborar un informe que ha detectado graves
carencias personales y materiales en los órganos judiciales
encargados de proteger a las mujeres maltratadas. Un
ejemplo: de los 405 juzgados que han colaborado en el
informe, sólo 39 (apenas el 9,63%) tenía brazaletes o
pulseras electrónicas en su partido judicial para proteger a
las víctimas y detectar si el agresor rompe la orden de
alejamiento y está cerca de la mujer.
En mayo de 2008 se remitieron encuestas a los 458
juzgados de violencia sobre la mujer existentes en España
para conocer su situación. Un 88,4% de los jueces -de 405
juzgados- participaron en el estudio, en el que quedan
claras las enormes diferencias que existen entre los
juzgados exclusivos -83 en total cuando se hizo la encuesta-
y los compatibles -la mayoría, 375-, que aparte de los
asuntos de violencia sobre la mujer se ocupan de otros temas
civiles y penales. Estos últimos, aparte de estar más
saturados, carecen de los importantes recursos que poco a
poco se han ido poniendo en marcha en los órganos exclusivos
y especializados en violencia de género. Estos son los
resultados que ha arrojado el informe, concluido el año
pasado y que hace público ahora el Observatorio de violencia
de género del CGPJ.
- Oficinas de atención a las víctimas. Sólo el 40%
de los juzgados las tienen dentro de su partido judicial,
pero hay una gran diferencia entre los juzgados exclusivos
(el 89% tienen estas oficinas) y los compatibles (30%).
- Equipos psicosociales. Están formados por
psicólogos y trabajadores sociales. Son los encargados de
hacer informes que ayudan al juzgado a evaluar la situación
dentro del ámbito familiar. Menos de dos terceras partes de
los juzgados (el 63%) tienen equipos en la provincia y sólo
el 21% dispone de ellos en el partido judicial. Una vez más,
los juzgados compatibles salen mucho peor parados que los
exclusivos: sólo tienen equipos psicosociales en el partido
judicial el 11% de estos órganos frente al 68% de los
exclusivos.
- Médico forense. Es una figura esencial para
atender a víctima y agresor y emitir informes que ayuden al
juez a tomar una decisión. Pues bien, sólo un 9,8% de los
juzgados tienen forense en exclusiva y más de la mitad lo
comparte con otros partidos judiciales. De nuevo, distancia
entre juzgados exclusivos y compatibles: los primeros tienen
un forense propio en un 33% de los casos, algo que sólo
ocurre en el 4,5% de los segundos.
- Ministerio fiscal. Sólo hay un fiscal que se dedique en
exclusiva al juzgado en el 21% de los órganos -en el 76% de
los exclusivos y en el 9% de los compatibles-. Un tercio de
los juzgados lo comparte con otros del mismo partido y más
de la mitad, incluso con otros partidos judiciales.
- Unidades de Valoración Forense Integral. Son básicas en
el proceso y para que el juez pueda decidir la mejor forma
de proteger a una víctima. Las denuncias de las mujeres van
aumentando y los recursos siguen siendo limitados, así que
es muy importante que se valore el riesgo concreto que sufre
cada una de ellas y que se logre detectar si su vida o
integridad física están en peligro. A pesar de la
importancia de estas unidades, sólo el 11% de los juzgados
las tiene dentro de su partido y casi la mitad (el 47%) no
dispone de ellas ni siquiera en la provincia. Además, no
sólo hay problemas de cantidad, también de calidad de la
asistencia (por problemas de falta de plantilla). Estas
unidades deberían examinar a las víctimas, a los agresores y
a los menores de edad, pero cuando trabajan para un juzgado
compatible, los informes que emiten tardan más, son mucho
menos completos y en un amplio porcentaje no se analiza a
todos los miembros de la familia.
- Asistencia jurídica a la mujer. El 39% de los juzgados
comparte el turno de asistencia letrada a las víctimas con
otros partidos judiciales, lo que hace muy difícil que las
mujeres reciban una atención rápida y efectiva.
- Coordinación con los servicios sociales y
asistenciales. Menos de la mitad de los juzgados consultados
dice tener una buena coordinación con estos servicios,
esenciales para ayudar a la mujer maltratada. La relación
con Policía y Guardia Civil, sin embargo, es aparentemente
más fluida: el 80% de los jueces aseguran que hay una buena
coordinación.
- Puntos de encuentro familiar. Sólo un tercio de
los juzgados tiene este tipo de centros dentro del partido
judicial, que se usan para ayudar a que se cumpla el régimen
de visitas de los niños sin que la madre tenga que ver a su
agresor.
- Dependencias para víctimas. La existencia de estas
dependencias está prevista en la Ley de Violencia de Género,
para proteger a la mujer y que no tenga que encontrarse con
su agresor en el juzgado. A pesar de la previsión legal, dos
tercios de los órganos judiciales no las tienen.
- Instalaciones para videoconferencias. Son importantes
como medida de seguridad hacia las víctimas; para que puedan
declarar fuera del juzgado. El 42% de los juzgados no las
tienen.
- Plantilla. Casi tres cuartas partes de los juzgados,
sobre todo los compatibles, consideran la plantilla con la
que cuentan inadecuada.
- Formación. Más de la mitad de los jueces no ha
recibido ninguna formación en materia de violencia de
género.
- Juzgados compatibles. Si sólo se tuvieran en cuenta los
resultados de estos órganos, que son los mayoritarios, el
82% del total, los resultados de esta encuesta serían aún
más demoledores: sólo el 30% tiene oficinas de atención a la
víctima dentro del partido judicial; apenas el 21% tiene
equipos psicosociales; sólo el 4,5% dispone de un médico
forense exclusivo y el 62% lo comparte incluso con juzgados
de otros partidos; el 65% también comparte al fiscal con
otros partidos judiciales; sólo el 4,8% tiene unidades de
valoración del riesgo dentro del partido judicial; apenas 17
de 375 tienen brazaletes o pulseras electrónicas.
