En los últimos años "se ha asistido en nuestro país a un
incremento muy considerable del tratamiento de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres". Por otro lado, a
pesar de las leyes de protección integral contra la
violencia de género y de igualdad efectiva entre sexos, "la
aprobación de dichas normas no ha venido acompañada de
políticas públicas eficaces y bien dotadas económicamente".
En los últimos años "se ha asistido en nuestro país a un
incremento muy considerable del tratamiento de la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres". Por otro lado, a
pesar de las leyes de protección integral contra la
violencia de género y de igualdad efectiva entre sexos, "la
aprobación de dichas normas no ha venido acompañada de
políticas públicas eficaces y bien dotadas económicamente".
Estas valoraciones corresponden a dos informes
discrepantes presentados, respectivamente, por el Gobierno y
por la plataforma Impacto de Género Ya ante el comité de
Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de la Convención
internacional para la eliminación de toda forma de
discriminación contra la mujer (Cedaw). Está previsto que el
próximo miércoles representantes del Ejecutivo rindan
cuentas -también lo harán los de otros países hasta el 7 de
agosto- en Nueva York de los avances en políticas de
igualdad entre 2004 y 2008. A este respecto, estudios
sombra admitidos por la ONU permitirán al comité de
expertos contrastar la información oficial.
El de la plataforma Impacto de Género Ya (a la que
pertenece la Comisión de Malos Tratos a Mujeres) denuncia
que persisten "importantes trabas que impiden el acceso
efectivo a la igualdad de género y a una vida sin violencia
para las mujeres". Se alerta, por ejemplo, de que "no se
actúa para eliminar la discriminación con todos los medios
apropiados y no se garantiza el ejercicio y goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales" al no
existir "investigación relativa a la magnitud de la
violencia contra las mujeres con aportaciones orientativas
sobre el balance de resultados de aplicación de la ley".
En materia sanitaria el informe sombra destaca que
"el porcentaje de abortos practicados en la red pública
sanitaria es inferior al 3% y se sigue amparando la objeción
de conciencia del personal sanitario en este ámbito, a pesar
de que el propio comité de la Cedaw considera
discriminatorio utilizarla para mermar la aplicación de
leyes que reconocen derechos fundamentales de las mujeres".
Mientras el estudio oficial, realizado por el Instituto
de la Mujer, afirma que la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres, de 2007, aborda "la integración del
principio de igualdad en la política de educación,
garantizando la igualdad real de oportunidades", el otro
informe asegura que "existen deficiencias en coeducación" y
que "150 centros de educación separada por sexo se financian
con dinero público". También se denuncia que si bien en los
últimos años "la tasa de actividad femenina ha tenido un
crecimiento elevado, sigue siendo la tasa de actividad más
baja en relación con la media europea".