Este año han muerto a manos de sus parejas o ex parejas 14
mujeres menos que en el mismo periodo de 2008. Aún así, ha
habido 49 asesinadas. Es la cifra más baja de los últimos
siete años. Estadísticamente quizá no sea un dato que
permita sacar conclusiones, pero 14 vidas no son poco.
Este año han muerto a manos de sus parejas o ex parejas 14
mujeres menos que en el mismo periodo de 2008. Aún así, ha
habido 49 asesinadas. Es la cifra más baja de los últimos
siete años. Estadísticamente quizá no sea un dato que
permita sacar conclusiones, pero 14 vidas no son poco. Y
refleja los primeros resultados de la Ley Integral contra la
Violencia de Género que entró en vigor en enero de 2005.
Pese a todo, las medidas educativas y sociales de esa ley
aún están por desarrollar y faltan recursos en los juzgados
para que las que denuncian estén realmente protegidas.
Catorce de las fallecidas lo habían hecho, habían pedido
ayuda al Estado y éste, por distintas razones, no supo o
pudo protegerlas.
La juventud de muchas víctimas es descorazonadora: cuatro
tenían menos de 20 años y nueve estaban en la veintena. Diez
de los agresores tenían menos de 31 años. De las 113.500
mujeres con protección en 2008, el 39% era menor de 30 y
también lo eran el 29% de todas las fallecidas entre 2003 y
2008. Tampoco habían llegado a los 30 tres de cada 10 que
marcaron el número de atención a la mujer maltratada (016).
De las fallecidas este año, el 28% había denunciado, pero
sólo el 22% obtuvo medidas de protección. Seis mujeres las
tenían vigentes cuando las mataron. En tres casos, ellas les
habían perdonado, minusvaloraron el riesgo que corrían y
dieron una nueva oportunidad a sus futuros verdugos. El 32%
de las mujeres eran extranjeras. Más de la mitad vivían con
sus asesinos, pero el 47% se estaba separando, uno de los
momentos más peligrosos dentro del ciclo de la violencia.
Inmaculada Montalbán, presidenta del Observatorio para la
Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial,
hace recuento de las mejoras judiciales del último año: los
jueces que se incorporen a una plaza de violencia de género
recibirán a partir de enero formación específica
obligatoria; en diciembre entran en funcionamiento seis
juzgados penales especializados que se irán ampliando; y
están empezando a instalarse (por ahora sólo en Cataluña y
País Vasco) sistemas de alarmas informáticas para que se
avise a la víctima de cualquier resolución que afecte a su
seguridad, como que pierde vigencia una orden de alejamiento
o que el agresor sale en libertad. Pero aún queda por hacer.
