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capítulo IV. objetivos estratégicos y medidas
violencia

112. La violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba su disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La permanente incapacidad de proteger y promover esos derechos y libertades, en los casos de violencia contra las mujeres es un problema que incumbe a todos los Estados y exige que se adopten medidas al respecto. Desde la Conferencia de Nairobi se ha ampliado considerablemente el conocimiento de las causas, las consecuencias y el alcance de esa violencia, así como las medidas encaminadas a ponerle fin. En todas las sociedades, en mayor o menor medida, las mujeres y las niñas están sujetas a malos tratos de índole física, sexual y psicológica, sin distinción en cuanto a su nivel de ingresos, clase social y cultura. La baja condición social y económica de las mujeres puede ser tanto una causa como una consecuencia de la violencia que se ejerce contra ella.

113. La expresión "violencia contra las mujeres" se refiere a todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual o psicológica, que incluya las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad para las mujeres, ya se produzcan en la vida pública o en la privada. Por consiguiente, la violencia contra las mujeres puede tener, entre otras, las siguientes formas:

1. La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos las agresiones físicas, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra las mujeres, la violencia ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación.
2. La violencia física, sexual y psicológica en su entorno social, que incluya las violaciones, los abusos sexuales, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en las instituciones educativas y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada.
3. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

114. Entre otros actos de violencia cabe señalar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en situaciones de conflicto armado, en particular los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos forzados.

115. Los actos de violencia contra las mujeres también incluyen la esterilización forzada y el aborto forzado, la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos, la determinación prenatal del sexo y el infanticidio de niñas.

116. Algunas mujeres, como las que pertenecen a grupos minoritarios, las indígenas, las refugiadas, las migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, las mujeres pobres que viven en comunidades rurales o aisladas geográficamente, las mujeres indigentes, las recluidas en instituciones o cárceles, las niñas, las mujeres con discapacidades, las de edad avanzada, las mujeres desplazadas, las mujeres repatriadas, las que viven en la pobreza, las mujeres en situaciones de conflicto armado, de ocupación extranjera, en las guerras de agresión, guerras civiles y terrorismo, incluida la toma de rehenes, son también particularmente vulnerables a la violencia. 

117. Los actos o las amenazas de violencia ya se trate de los actos que ocurren en el hogar o en el entorno social o de los actos perpetrados o tolerados por el Estado, infunden miedo e inseguridad en la vida de las mujeres e impiden lograr la igualdad, el desarrollo y la paz. El miedo a la violencia, incluyendo las agresiones, es un obstáculo constante para la movilidad de las mujeres, que limita su acceso a los recursos y a las actividades básicas. Esta violencia tiene altos costos sociales, sanitarios y económicos elevados para las personas y la sociedad. La violencia contra las mujeres es un mecanismo social fundamental por el cual las mujeres están en una posición de subordinación respecto de los hombres. En muchos casos, la violencia contra mujeres y niñas se produce en la familia o en el hogar, donde a menudo se tolera. El abandono, las agresiones físicas y sexuales y la violación de mujeres y niñas por miembros de la familia y otros habitantes de la casa, así como los casos de abusos cometidos por el marido u otros familiares, no suelen denunciarse, por lo que son difíciles de detectar. Aún cuando se denuncien, a menudo sucede que no se protege a las víctimas ni se castiga a los agresores.

118. La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación masculina, a la discriminación contra las mujeres por parte de los hombres y a impedir su pleno desarrollo. La violencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo vital tiene su origen en pautas culturales, en particular, en los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, la lengua, la religión que perpetúan la condición inferior que se asigna a las mujeres en la familia, en el lugar de trabajo, en la comunidad y la sociedad. La violencia contra las mujeres se ve agravada por presiones sociales, en concreto, la vergüenza de denunciar ciertos actos perpetrados contra ella; la falta de acceso para las mujeres a la información jurídica; la asistencia y la protección; la violencia contra las mujeres de forma efectiva; el hecho de que no se reformen las leyes vigentes y de que las autoridades públicas no pongan el suficiente empeño en difundir y hacer cumplir las leyes vigentes; así como la falta de medios educativos y de otro tipo para combatir las causas y consecuencias de la violencia. Las imágenes de violencia contra las mujeres que aparecen en los medios de comunicación, en particular las representaciones de violaciones o de esclavitud sexual de mujeres y niñas, así como su utilización como objetos sexuales, incluyendo la pornografía, son factores que contribuyen a que se perpetúe esa violencia, que perjudica a la comunidad en general, y en particular a la juventud y la infancia.

119. Es necesario, y además es una posibilidad real el promover familias, comunidades y Estados libres de la violencia contra las mujeres a través de un enfoque integral y multidisciplinario. La igualdad, la colaboración entre mujeres y hombres y el respeto de la dignidad humana deben estar presentes en todos los estadios del proceso de socialización. Los sistemas educativos deberían promover el respeto propio, el respeto mutuo y la cooperación entre mujeres y hombres.

120. La falta de suficientes estadísticas y datos desagregados por sexo sobre el alcance de la violencia dificulta la elaboración de programas y el seguimiento de los cambios. La documentación e investigación insuficientes de la violencia doméstica, el acoso sexual y de la violencia contra mujeres y niñas, en privado y en público, incluido en el lugar de trabajo, obstaculizan los esfuerzos encaminados a preparar estrategias concretas de intervención. La experiencia obtenida en varios países demuestra que es posible movilizar a mujeres y hombres a fin de superar la violencia en todas sus formas, y que pueden adoptarse medidas públicas eficaces para hacer frente tanto a las causas como a las consecuencias de la violencia. Son aliados necesarios para el cambio los grupos de hombres que se movilizan contra la violencia de género.

121. Las mujeres pueden ser víctimas de actos de violencia perpetrados por personas que ocupan puestos de autoridad, tanto en situaciones de conflicto como en otras situaciones. La formación en materia de derecho humanitario y derechos humanos para el personal funcionario, y el castigo de quienes cometen actos de violencia contra las mujeres, contribuirían a impedir que esa violencia fuera cometida por funcionarios públicos en quienes las mujeres deberían poder confiar, como los funcionarios de policía y de prisiones y las fuerzas de seguridad.

122. La eliminación efectiva del tráfico de mujeres y niñas para el comercio sexual es un problema internacional urgente. Es preciso examinar y fortalecer la aplicación del Convenio para la Supresión del Tráfico de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena de 1949, así como otros instrumentos pertinentes. El empleo de mujeres en redes internacionales de tráfico y prostitución se ha convertido en una de las principales actividades de la delincuencia organizada internacional. Se invita a la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la Violencia contra las Mujeres, que ha considerado esas actividades como otra causa de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y niñas a que, conforme a su mandato, aborde como cuestión urgente el tema del tráfico internacional de personas para el comercio sexual, así como los temas de la prostitución forzada, las violaciones, las agresiones sexuales y el turismo sexual. Las mujeres y las niñas que son víctimas de ese comercio internacional corren mayores riesgos de encontrarse en situaciones violentas, así como de quedar embarazadas contra su voluntad y de contraer enfermedades de transmisión sexual, incluida la infección con el VIH/SIDA.

Objetivo estratégico D.1.

Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres

Medidas que han de adoptarse:

124. Medidas que han de adoptar los Gobiernos:

1. Condenar la violencia contra las mujeres y abstenerse de invocar ninguna costumbre, tradición o consideración de carácter religioso para eludir sus obligaciones con respecto a la eliminación de la violencia, tal y como figuran en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
2. No cometer actos de violencia contra las mujeres y tomar las medidas necesarias para prevenir, investigar y, de conformidad con las leyes nacionales en vigor, castigar los actos de violencia contra las mujeres, ya hayan sido cometidos por el Estado o por particulares.
3. Introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas en las legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de castigar y reparar los daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia, ya sea en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad.
4. Adoptar y/o aplicar las leyes pertinentes, y revisarlas y analizarlas periódicamente, a fin de asegurar su eficacia en la eliminación la violencia contra las mujeres, haciendo hincapié en la prevención de la violencia y el enjuiciamiento de los agresores; adoptar medidas para garantizar la protección de las mujeres víctimas de la violencia, el acceso a compensaciones justas y eficaces, inclusive la reparación de los daños causados, la indemnización y el tratamiento de las víctimas y la rehabilitación de los agresores.
5. Trabajar activamente para ratificar o aplicar todas las normas e instrumentos internacionales de derechos humanos en relativo a la violencia contra las mujeres, incluidos los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención contra la Tortura y Otros tratos o penas crueles, Inhumanos o Degradantes.
6. Aplicar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, teniendo en cuenta la recomendación general 19, aprobada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres en su 11.º período de sesiones.
7. Promover la integración activa y visible de la perspectiva de género en todas las políticas y programas relativos a la violencia contra las mujeres; impulsar, respaldar y aplicar las medidas y los programas destinados a desarrollar los conocimientos y propiciar la comprensión de las causas, las consecuencias y los mecanismos de la violencia contra las mujeres entre las personas responsables de la aplicación de esas políticas, como el personal funcionario encargado del cumplimiento de las leyes, policías, asistentes sociales, personal médico y judicial, así como entre las personas que se dedican a actividades relacionadas con las minorías, las personas migrantes y refugiadas, establecer estrategias para impedir que las mujeres víctimas de la violencia vuelvan a sufrirla por la falta de perspectiva de género en las leyes o en las prácticas de aplicación de las leyes o los procedimientos judiciales.
8. Facilitar a las mujeres víctimas de la violencia el acceso a los sistemas judiciales y, según con lo previsto en las leyes nacionales, a soluciones justas y eficaces para reparar los daños y perjuicios de que han sido objeto, e informarles acerca de su derecho a obtener compensación a través de esos mecanismos.
9. Aprobar y aplicar leyes contra quienes realizan prácticas y actos de violencia contra las mujeres, como la mutilación genital femenina, el infanticidio femenino, la selección prenatal del sexo y la violencia relacionada con las dotes, y respaldar con determinación los esfuerzos de las organizaciones no gubernamentales y locales por eliminar esas prácticas.
10. Formular y aplicar, a todos los niveles apropiados, planes de acción para erradicar la violencia contra las mujeres.
11. Adoptar todas las medidas necesarias, especialmente en el ámbito de la enseñanza, para modificar los modelos de conducta sociales y culturales de mujeres y hombres, y eliminar los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de otro tipo basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de uno u otro sexo y de los estereotipos asignados a mujeres y hombres.
12. Crear mecanismos institucionales, o reforzar los existentes, a fin de que las mujeres y las niñas puedan denunciar los actos de violencia cometidos contra ellas e interponer denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad, y sin temor a castigos o represalias.
13. Garantizar el acceso de las mujeres con discapacidades a la información y los servicios en el ámbito de la violencia contra las mujeres.
14. Instaurar, mejorar o promover, según resulte apropiado, así como financiar la formación de personal judicial, letrado, médico, social, pedagógico y de policía y agentes especiales de inmigración para evitar los abusos de poder que dan pie a la violencia contra las mujeres, sensibilizando a esas personas sobre la naturaleza de los actos y sobre la violencia de género, para conseguir que las mujeres víctimas reciban un trato justo.
15. Promulgar nuevas leyes, cuando sea necesario, y reforzar las vigentes para que prevean penas para policías, fuerzas de seguridad o cualquier otro agente del Estado que cometa actos de violencia contra las mujeres en el desempeño de sus funciones; revisar las leyes vigentes y adoptar medidas eficaces contra los agresores.
16. Asignar recursos suficientes en los presupuestos generales del Estado y movilizar recursos locales para actividades relacionadas con la eliminación de la violencia contra las mujeres, que incluyan recursos para la aplicación de planes para la acción a todos los niveles apropiados.
17. Incluir, en los informes requeridos por los instrumentos pertinentes de derechos humanos de las Naciones Unidas, información sobre la violencia contra las mujeres y sobre las medidas adoptadas para aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
18. Cooperar y ayudar a la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra las mujeres en el cumplimiento de su mandato y proporcionarle toda la información solicitada; colaborar también con otros mecanismos competentes, como el Relator o Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la cuestión de la tortura y el Relator o Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias, y arbitrarias en todo lo que atañe a la violencia contra las mujeres.
19. Recomendar a la Comisión de Derechos Humanos que renueve el mandato de la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres cuando llegue a su fin en 1997 y, de ser necesario, que lo actualice y lo refuerce.

125. Medidas que han de adoptar los Gobiernos, incluidos los Gobiernos locales, las organizaciones populares, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones educativas, los sectores público y privado, en particular las empresas, y los medios de comunicación, según proceda:

1. Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para atender a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles servicios médicos, psicológicas y de asesoramiento, así como asistencia letrada a título gratuito o de bajo costo, cuando sea necesario, además de la orientación que corresponda para ayudarles a encontrar medios de subsistencia.
2. Establecer servicios lingüística y culturalmente accesibles para las mujeres y niñas migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, que sean víctimas de la violencia sexista.
3. Reconocer la vulnerabilidad frente a la violencia y a otras formas de agresiones contra las mujeres migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, cuya condición jurídica en el país de acogida depende de empleadores y empleadoras que pueden explotar su situación.
4. Apoyar las iniciativas de las organizaciones de mujeres y no gubernamentales de todo el mundo encaminadas a despertar la conciencia sobre el problema de la violencia contra las mujeres y contribuir con ello a su erradicación.
5. Organizar, apoyar y financiar campañas de educación y sensibilización popular encaminadas a despertar la conciencia de que la violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos y alentar en las comunidades locales el empleo de métodos tradicionales e innovadores apropiados para la resolución de conflictos con perspectiva de género.
6. Reconocer, apoyar y promover el papel fundamental que desempeñan las instituciones intermedias, como los centros de atención primaria de salud, de planificación familiar, los servicios de salud que existen en las escuelas, los servicios de protección de madres y criaturas, los centros para familias migrantes y otros similares en materia de información y educación relativas a los malos tratos.
7. Organizar y financiar campañas de información y programas de educación y formación a fin de sensibilizar a niñas y niños, a mujeres y hombres, acerca de los efectos personales y sociales negativos de la violencia en la familia, en la comunidad y en la sociedad; enseñarles a comunicarse sin violencia y asesorar a las víctimas y a las víctimas potenciales de modo que puedan protegerse y proteger a otras personas de dichas agresiones.
8. Difundir información sobre la asistencia de que disponen las mujeres y las familias que son víctimas de la violencia.
9. Proporcionar, financiar y promover servicios de asesoramiento y rehabilitación para los agresores y promover el estudio de las posibilidades de realizar actividades similares para prevenir su reincidencia.
10. Concienciar acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación en la promoción de imágenes no estereotipadas de mujeres y hombres y de eliminar los modelos de conducta generadores de violencia que en ellos se presentan, así como de alentar a las personas responsables del contenido que se difunde a que establezcan directrices y códigos de conducta profesionales; y sensibilizar sobre la importante función de los medios de información en lo relativo a informar y educar a la población acerca de las causas y los efectos de la violencia contra las mujeres y a estimular el debate público sobre el tema.

126. Medidas que han de adoptar los Gobiernos, los empleadores y empleadoras, las organizaciones sindicales, las organizaciones populares y juveniles y las no gubernamentales, según proceda:

1. a) Desarrollar programas y procedimientos para eliminar el acoso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres de todas las instituciones de enseñanza, lugares de trabajo y demás ámbitos.
2. b) Desarrollar programas y procedimientos para educar y concienciar sobre los actos de violencia contra las mujeres que constituyen delito y violan sus derechos humanos
3. c) Desarrollar programas de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para niñas, adolescentes y jóvenes que hayan sido o sean objeto de relaciones abusivas, en particular las que viven en hogares o instituciones donde esto ocurra.
4. d) Adoptar medidas especiales para eliminar la violencia contra las mujeres, en particular las especialmente vulnerables, como las jóvenes, las refugiadas, las desplazadas, incluyendo a las desplazadas internas, las que sufren discapacidades y las trabajadoras migrantes, incluyendo medidas encaminadas a hacer cumplir la legislación vigente y a elaborar según proceda, nueva legislación para las trabajadoras migrantes tanto en los países de origen como en los de acogida.

127. Medidas que ha de adoptar la Secretaría General de las Naciones Unidas:

Prestar a la Relatora Especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la violencia contra las mujeres toda la asistencia necesaria, en concreto, el personal y los recursos indispensables para desempeñar todas sus funciones, especialmente para llevar a cabo y supervisar misiones, ya sea en forma independiente o conjuntamente con otros relatores o relatoras especiales y grupos de trabajo, y la ayuda necesaria para que pueda celebrar consultas periódicas con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y con todos los órganos establecidos en virtud de tratados.

128. Medidas que han de adoptar los Gobiernos, las organismos internacionales y las organizaciones no gubernamentales:

Objetivo estratégico D.2.

Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y la eficacia de las medidas de prevención

Medidas que han de adoptarse:

129. Medidas que han de adoptar los Gobiernos, las organizaciones regionales, las Naciones Unidas, otros organismos internacionales, los institutos de investigación, las organizaciones de mujeres, las juveniles y las no gubernamentales, según corresponda.

1. Promover la investigación, recoger datos y elaborar estadísticas, especialmente sobre la violencia doméstica, que reflejen la frecuencia de las distintas formas de violencia contra las mujeres, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus efectos.
2. Difundir ampliamente los resultados de los estudios e investigaciones.
3. Apoyar e iniciar investigaciones sobre el impacto de la violencia sobre las mujeres y las niñas, como por ejemplo las violaciones, y publicar la información y las estadísticas resultantes.
4. Alentar a los medios de comunicación a que examinen las consecuencias de los estereotipos sexistas, incluidos aquellos que se perpetúan en los anuncios publicitarios que promueven la violencia y las desigualdades de género, así como también la manera en que se transmiten durante el ciclo vital, y a que adopten medidas para eliminar esas imágenes negativas con miras a promover una sociedad no violenta.

Objetivo estratégico D.3.

Eliminar el tráfico de mujeres y prestar asistencia a las mujeres víctimas de la violencia derivada de esta actividad y de la prostitución

Medidas que han de adoptarse:

130. Medidas que han de adoptar los Gobiernos de los países de origen, tránsito y destino y los organismos regionales e internacionales, según proceda:

1. Examinar la posibilidad de ratificar y dar cumplimiento a los convenios internacionales relativos al tráfico de personas y a la esclavitud.
2. Adoptar medidas apropiadas para abordar las causas fundamentales, incluidos los factores externos, que promueven el tráfico de mujeres y niñas para fines de prostitución y otras formas de comercio sexual, los matrimonios forzados y también los trabajos forzados, con el objeto de eliminar el tráfico de mujeres, y de fortalecer la legislación vigente, con miras a garantizar los derechos de las mujeres y las niñas y a castigar a los autores por la vía penal y civil.
3. Intensificar la cooperación y las medidas concertadas de todas las autoridades e instituciones pertinentes con miras a desmantelar las redes nacionales, regionales e internacionales de traficantes.
4. Asignar recursos para el diseño de programas amplios encaminados a tratar y rehabilitar en la sociedad a las víctimas del tráfico de mujeres, mediante la formación ocupacional, asistencia letrada y confidencialidad en la atención de su salud, y adoptar medidas de cooperación con las organizaciones no gubernamentales para la atención social, medica y psicológica de las víctimas.
5. Elaborar programas y políticas de educación y formación y examinar la posibilidad de promulgar leyes encaminadas a impedir el turismo y el tráfico sexual, haciendo particular hincapié en la protección de las jóvenes y la infancia.

Fuente: http://www.lapampa.gov.ar