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Centro para la Solidaridad Sindical Internacional, AFL-CIO Coordinadora de Organismos Civiles por un Milenio Feminista ELIGE, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos Mujeres Trabajadoras Unidas, MUTUAC – MAS SISEX Unión Nacional de Trabajadores Vereda Temis SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN CIUDAD JUÁREZ Marzo 2002 I. Antecedentes Ciudad Juárez se encuentra ubicada en una zona fronteriza entre México y Estados Unidos en la cual confluyen varias problemáticas que imprimen un matiz específico a la ciudad, como son el narcotráfico, la migración ilegal, la trata de mujeres, entre otras. Todas estas problemáticas, aunadas a la dinámica que imponen las cientos de maquiladoras nacionales y extranjeras que ahí se encuentran, han llevado a la ciudad a niveles de violencia extremos. Por su parte las autoridades estatales y municipales se encuentran inmersas en una constante pugna por el poder, especialmente entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN); lo que no ha favorecido las condiciones de gobernabilidad en esa ciudad y que se ha visto agravado por la gran corrupción que existe entre las autoridades, incluso al más alto nivel. La violencia en Ciudad Juárez es, sin duda, una situación a la que se enfrentan a diario tanto hombres como mujeres. Sin embargo, desde 1989 se comenzó a observar el aumento de los asesinatos violentos en contra de mujeres, y ya para 1993 la situación se agravó, lo cual llevó a organizaciones civiles y sociales empezaron a denunciar los ya numerosos asesinatos en contra de éstas, los cuales además permanecían en la impunidad. Desde 1993 a la fecha, aproximadamente 263 mujeres han sido asesinadas con una violencia brutal sin que hasta el momento se hayan podido esclarecer todos los hechos y frenar los asesinatos. Según la Procuraduría de Justicia de Chihuahua de los 258 casos registrados de enero de 1993 al 1 de febrero del 2002, 76 son los que corresponden al “tipo multihomicida” mientras que los demás están clasificados como de “tipo situacional” (pasionales, narcotráfico robo, sexuales, rińa, intrafamiliares, por venganza, imprudenciales). Debido a la ineficacia mostrada por las autoridades al integrar los expedientes y al hacer las pruebas periciales, misma que ha sido incluso manifestada por miembros de la Procuraduría General de la República y por los familiares de las víctimas; es difícil saber si realmente la clasificación es certera y si no se ha intentado incluir a la mayor parte de los asesinatos en el tipo situacional, sobre todo relacionándolos con el narcotráfico. Independientemente de sí la clasificación es correcta, lo cierto es que resulta muy grave el índice tan alto de asesinatos de mujeres cualquiera que sea el tipo; y esto sin contemplar los numerosos casos que existen de mujeres desaparecidas. De los llamados por la Procuraduría “asesinatos multihomicidas” la situación es muy preocupante, ya que a pesar de las declaraciones de la Procuraduría Estatal de que muchos de éstos “ya han sido resueltos”, lo cierto es que a pesar de existir una Fiscalía Especial para los Crímenes de Mujeres (que desde su creación en 1996 ha tenido seis fiscales distintas), sólo hay una persona sentenciada por uno de los crímenes; Lo que es una de las muestras más crudas de la ineficacia del sistema de procuración e impetración de justicia en nuestro país. Respecto a estos asesinatos, la mayoría de las víctimas eran mujeres y nińas entre los 15 y 25 ańos, casi todas ellas migrantes y trabajadoras de la industria maquiladora, de pequeńas tiendas o estudiantes. El móvil ha pasado por varios escenarios, desde el tráfico de órganos hasta el narcotráfico o la trata de mujeres, pero hasta el momento no se ha podido esclarecer lo que está pasando. Las explicaciones brindadas por las autoridades son muestra del sexismo que permea todos los ámbitos gubernamentales. Prueba de ello es que tanto las autoridades del Partido Acción Nacional como del Revolucionario Institucional justifican los crímenes por el tamańo de la falda de las víctimas, porque salen solas de noche, porque acuden a bailar o porque caminan por lugares obscuros; es decir, porque según han afirmado, “su actitud no corresponde a los estándares morales y esto justifica los crímenes”. Asimismo, otra prueba de la falta de sensibilidad respecto de la situación de violencia social que se vive en Ciudad Juárez y en el resto del estado, es la iniciativa del Congreso Estatal de incluir más atenuantes al delito de violación en el Código Penal Estatal. En este contexto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres tolerados por el Estado mexicano, organizaciones nacionales e internacionales, e incluso el Sistema Público de Protección de los Derechos Humanos, han emitido recomendaciones y denuncias en las que se protesta contra la negligencia de las autoridades, la ineficacia de la administración de justicia y la poca voluntad del gobierno para investigar a fondo. Pero en realidad estas denuncias y recomendaciones no han sido acatadas por las autoridades cabalmente, lo cual ha contribuido a que los crímenes continúen. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió en 1998 la recomendación 44/98 (que se anexa para su conocimiento y estudio), tras una investigación sobre la alarmante situación de los asesinatos de mujeres en esa ciudad. En esta recomendación se detallan las irregularidades en las investigaciones, las responsabilidades de las autoridades y se hacen recomendaciones muy específicas en el sentido, no sólo de esclarecer los hechos, sino también para emprender acciones de prevención de los actos de violencia a las mujeres. Sin embargo, hasta el momento ninguna de las ocho recomendaciones ha sido implementada a cabalidad por las autoridades del estado. Asimismo, la Relatora de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, Asma Jahangir en el informe de su visita a México en 1998, seńaló al gobierno mexicano lo siguiente: “La Relatora Especial notó que la deliberada no actuación del gobierno para proteger los derechos humanos de sus ciudadanos por su sexo, ha generado una situación de inseguridad en la mayoría de las mujeres que viven en Ciudad Juárez. Al mismo tiempo, esto ha generado que indirectamente se proteja a los perpetradores de los crímenes y que gocen de impunidad. Los eventos en Ciudad Juárez constituyen un típico caso de crímenes basados en el género que se sostienen en la impunidad. El comportamiento arrogante y la obvia indiferencia mostrada por varias autoridades en relación de que los crímenes fueron deliberadamente no investigados por la única razón de que las víctimas eran “sólo” mujeres sin un status social particular y que entonces podían ser utilizadas y ultrajadas. Es de hacer notar que una gran cantidad de tiempo e información importante sobre el caso se ha perdido debido a los retrasos y las irregularidades que se presentan”. Por su parte, el Relator de Independencia de Jueces y Abogados que visitó nuestro país en mayo del ańo 2001, externo su preocupación por los asesinatos en Ciudad Juárez y por la ineficacia, imparcialidad y negligencia con la que estaban actuando las autoridades en torno a estos casos. A pesar de todas estas recomendaciones y denuncias, así como de la presión internacional, las investigaciones se encuentran plagadas de huecos e irregularidades, las autoridades actúan con negligencia en la integración de los expedientes y las pruebas periciales, todo lo cual ha favorecido la impunidad. En 1995 se detuvo a Omar Latif Shariff, un egipcio con largo historial delictivo en los Estados Unidos, al que sin embargo sólo se le ha sentenciado por uno de los crímenes, sentencia que en la actualidad está suspendida por las irregularidades que presentó el caso, aunque las autoridades del estado le pretenden imputar alrededor de noventa de los crímenes. Después de la detención de Shariff los crímenes continuaron, por lo que las autoridades seńalaron que este individuo pagaba a otras personas para que los siguieran cometiendo por cuya razón se detiene a una banda de jóvenes conocida como “Los Rebeldes”. Posteriormente y gracias a que una nińa de quince ańos sobrevive a un atentado, se detiene al Tolteca y sus amigos (conocidos como los Ruteros), que declararon públicamente haber sido víctimas de tortura por parte de las autoridades para confesar doce asesinatos. Por último, después de que las autoridades encontraron los cuerpos de diez mujeres en el mes de noviembre del 2001, en tan solo dos días se aprehendió a dos choferes de camión por su presunta responsabilidad en estos crímenes. Uno de los hombres detenidos afirma haber sido víctima de tortura para confesar su culpabilidad. Además, los derechos humanos de las víctimas y sus familiares son continuamente violados por la denegación de justicia, las violaciones al debido proceso y las violaciones a la integridad personal y sobre todo a la vida. Los familiares de las víctimas sufren el trato despótico por parte de las autoridades y la falta de ayuda económica y psicológica por parte del gobierno. Muchos de ellos han huido incluso por el trato inhumano de que son objeto y por el miedo a ser atacados por los asesinos de sus hijas o esposas. Y por su parte, activistas de derechos humanos y periodistas han sido objeto de amenazas y hostigamiento por su trabajo en la denuncia de la situación que viven las mujeres en esa ciudad. Los crímenes en Ciudad Juárez continúan a pesar de los vagos intentos de hacer justicia y el clima de violencia se ha recrudecido. Hasta el mes de noviembre del ańo 2001, los medios nacionales e internacionales habían dejado de prestar atención al tema, sin embargo la aparición de ocho cadáveres en un terreno baldío hizo que el tema volviera a retomarse y que organizaciones no gubernamentales e incluso gubernamentales pidieran que se esclarecieran los hechos. El mismo Presidente Fox tuvo que pronunciarse y pedir a la Procuraduría General de la República que colaborara en la investigación de los casos. Dos días después de la aparición de estos cadáveres, la Procuraduría Estatal privó de su libertad a dos hombres por su presunta responsabilidad en el asesinato de estas ocho mujeres. Sin embargo, estos hombres afirman haber sido víctimas de tortura para confesar los asesinatos, situación que ha sido corroborada incluso por el ex –encargado de los servicios periciales de la Procuraduría Estatal quien renunció por que se “querían modificar los peritajes para inculpar a estos individuos” y quien ahora teme por su vida e integridad física. Aunado a esta grave situación, el día 5 de febrero fue asesinado por policías judiciales uno de los abogados de los detenidos tras haber sido amenazado por su trabajo en ese caso. No se tiene certeza de sí estos dos individuos son responsables, pero las autoridades parecen inmersas en una política de fabricación de culpables sin llegar realmente al fondo del problema donde existe un grave problema de discriminación y violencia hacia las mujeres. Pese a los supuestos esfuerzos del gobierno de Patricio Martínez por esclarecer los hechos, en este ańo ya han sido asesinadas seis mujeres y el último cadáver fue encontrado apenas el 31 de enero de este ańo. Además, de los numerosos casos de personas desaparecidas en Ciudad Juárez las cuales son aproximadamente 200 según organizaciones no gubernamentales de desaparecidos. La Fiscalía Especial no ha podido obtener avances concretos en la investigación de éstos crímenes y además ahora se a nombrado a un nuevo Procurador Estatal que no goza de buena reputación por estar involucrado en ciertos actos violatorios a los derechos humanos en su labor con la policía judicial. La falta de voluntad política del gobierno para terminar con estas graves violaciones a los derechos humanos, la ineficacia y parcialidad de las instituciones encargadas de la administración de justicia, así como la impunidad de la que gozan los responsables y la falta de políticas públicas adecuadas, han tenido un efecto negativo en las condiciones de la población de Chihuahua y han fracturado peligrosamente el Estado de derecho. Debido a la falta de respuesta y acciones concretas por parte de las autoridades estatales y federales, más de trescientas organizaciones nacionales e internacionales unidas en la Campańa ĄAlto a la impunidad: ni una muerta más!, pidieran a la Relatora sobre Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marta Altolaguirre Larraondo visitara nuestra país para que pudiera constatar la situación de violencia e impunidad que viven las mujeres en Ciudad Juárez y que pudiera realizar un informe y recomendaciones al respecto. Esta petición fue rápidamente tomada en cuenta por la Relatora sobre Derechos de la Mujer, quien visitó México del 11 al 14 de febrero del ańo 2002, para reunirse con organizaciones no gubernamentales de Chihuahua y el Distrito Federal; con familiares de las víctimas; y con autoridades estatales, municipales y federales. En esta visita, la Relatora recibió y recopiló información relevante respecto de la defensa y prevención de estos asesinatos, con la cual elaborará un informe con recomendaciones que el estado mexicano deberá cumplir. Este informe y las audiencias a las cuales se convoque servirán para dar seguimiento a esta situación y monitorear los avances concretos del gobierno en la erradicación de esta situación violatoria de los derechos humanos de las mujeres. El Estado mexicano está violando con estos actos la Convención Americana de Derechos Humanos, así como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), entre otros instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos; que protegen el derecho a la vida, a la integridad personal y al debido proceso. II. Actualización de información Desde la visita de la Relatora sobre los Derechos de la Mujer de la CIDH, han ocurrido los varios acontecimientos relevantes en torno al caso de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, entre los que cabe seńalar los siguientes: 1) El día 25 de febrero del 2002 familiares de las ocho mujeres encontradas en noviembre del 2001, hallaron prendas y objetos de las víctimas en el lugar de los hechos. Las autoridades estatales habían ya rastreado el lugar y no habían encontrado nada, lo que se acaban de sembrar estas pruebas o que quizá no se había explorado bien el lugar de los hechos. 2) Los avances en las investigaciones del homicidio del abogado de uno de los dos presuntos responsables del asesinato de los ocho cuerpos encontrados en noviembre, denotan que fue más que una “confusión” por parte de policías judiciales. Las pruebas periciales y los testimonios obtenidos parecen indicar que el abogado no disparó a los policías y que por lo tanto el homicidio fue premeditado. 3) En los últimos diez días desaparecen tres mujeres más en Ciudad Juárez. Una de ellas fue secuestrada el día 27 de febrero por dos hombres que la obligaron a subir a una automóvil. Las otras dos mujeres son Dinora Gutiérrez y Sofía Torres, de 24 y 15 ańos respectivamente, las cuales se encuentran desaparecidas desde el día 18 de febrero. 4) Las amenazas y hostigamiento en contra de periodistas y activistas de derechos humanos, que están involucrados con la denuncia de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, continúan. El 28 de febrero una periodista de la empresa TELEVISA, corresponsal en Chihuahua denunció el hostigamiento y amenazas de las que ha sido víctima desde que comenzó la publicación de artículos sobre la situación en Juárez. III. Acciones gubernamentales Las autoridades tanto estatales, como municipales e incluso federales han mostrado cierta disposición por frenar la ola de asesinatos y violencia en Ciudad Juárez, sobre todo tras el hallazgo de ocho cadáveres el 8 de noviembre del 2001, el cual volvió a volcar a la opinión pública sobre este tema. Autoridades de estos tres niveles, han lanzado distintas acciones y propuestas de acción para que desde sus distintos ámbitos de competencia se pueda ayudar a que se esclarezcan estos hechos y se ponga freno a la impunidad y la violencia. Sin duda, la coordinación y articulación de los tres niveles de autoridades y de cada uno de éstos al interior, resulta fundamental para comenzar el desarrollo de acciones eficaces y permanentes de defensa y prevención. Algunas de las propuestas realizadas por el gobierno mexicano pueden servir para iniciar procesos que pongan fin a esta situación, sin embargo para ello, se requiere que éstas se desarrollen en un clima donde existan los mínimas condiciones de seguridad, y confiabilidad, que hasta el momento no se ha podido construir. En los últimos meses se han observado acciones que ponen en duda no sólo la voluntad política del gobierno estatal para terminar con esta situación, sino también que la misma Procuraduría Estatal está violando los derechos humanos de las personas vinculadas al tema como ocurrió con el abogado de uno de los presuntos asesinos, quien murió a manos de policías judiciales. Asimismo, el hostigamiento y las amenazas en contra de defensor@s de derechos humanos y periodistas que han denunciado esta situación han aumentado, lo que ha agravado la tensión. De las acciones llevadas a cabo por el gobierno municipal, es importante destacar que en noviembre del ańo 2001 se instaló un grupo de trabajo con las corporaciones policiacas y organismos de la sociedad civil para desarrollar acciones que protegieran las mujeres de ser víctimas de un asesinato. Sin embargo, debido a la falta de acciones concretas y eficaces, las organizaciones, que son quienes deben aportar y sustentar dichas acciones ya no están asistiendo a este mecanismo. En cuanto al gobierno estatal y municipal, es muy importante la recién creación de una Mesa Interinstitucional en la cual participan la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, el ayuntamiento de Ciudad Juárez, el Instituto Nacional de las Mujeres; las Secretarías de Gobernación, Salud, Educación y Trabajo; la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones de Equidad y Género del Senado y la Cámara de Diputados; además de representantes de organizaciones no gubernamentales. Esta Mesa se encuentra dividida en dos grupos de trabajo, uno para diseńar políticas públicas que prevengan y erradiquen la violencia contra las mujeres; y otra para coadyuvar en las investigaciones de los asesinatos de mujeres. Si existe voluntad política y apertura de los actores gubernamentales involucrados en esta Mesa, y si además se les proporcionan todos los medios y garantías para que los grupos de trabajo cumplan con sus objetivos, sin duda esta mesa será fundamental para terminar con la situación sistemática de violación a los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez. En este sentido, es indispensable que los acuerdos y compromisos que emanen de esta Mesa sean implementados por las autoridades correspondientes así como que existan mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y protección a los organismos no gubernamentales participantes. En cuanto a las medidas tomadas por el gobierno estatal, organismos no gubernamentales de Ciudad Juárez, aseguran que lo único que se ha hecho es colocar buzones para que las mujeres depositen sus denuncias y ponen alumbrado en ocho paradas de camión. Y que realmente estas medidas no están ayudando a solucionarlos problemas de fondo de la situación que se vive en Ciudad Juárez. Aún es muy prematuro evaluar certeramente todas las acciones que están llevando a cabo las autoridades estatales, municipales y federales; lo que puede afirmarse actualmente es que todavía no hay avances concretos y que el tejido social sigue deteriorándose en Ciudad Juárez al igual, que el estado de derecho. IV. Recomendaciones y Propuestas A efecto de impulsar la coordinación y corresponsabilidad en las acciones que realizan las autoridades estatales, municipales y federales. En este sentido es fundamental el gobierno federal sirva como garante de los procesos y acciones que se realicen a nivel estatal y municipal. Las propuestas son las siguientes: Mesa Interinstitucional. -El grupo de trabajo conformado para la mesa interinstitucional para la creación de políticas publicas emita un informe en el que se presente un informe que se van a implementar emita un informe que se van implementar en materia de prevención a las zonas detectadas como de mayor riesgo en colaboración con la Policía Federal Preventiva. -Realizar campańas nacionales en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres que cuente con recursos materiales y humanos indispensables para un adecuado funcionamiento. -Creación de unos mecanismos de alerta rápida en el que participe activamente la sociedad civil y las diversas autoridades encargadas de aplicar la ley. -Diseńar un programa protección y rehabilitación para los familiares que hayan sido amenazados y hostigados. -Impulsar las medidas para mejorar las condiciones laborales de las maquilas. Condiciones de la Investigacion -Prestar un plan de trabajo donde se establezcan tiempos determinados e indicadores de avances. -Seńalen los mecanismos de integración de las indagatorias de los casos de 1993. -Establecer las vias para investigar los actos de negligencia de todos los servidores públicos que han propiciado la impunidad detectada. -Presentar un análisis en el cual se planteen un tratamiento distinto a los casos según el modus operandi -Compromiso a presentar un informe mensual a la CIDH, familiares y organizaciones autorizadas sobre los avances de la investigación. Manteniendo reuniones periódicas con los familiares a efecto de presentar información y valorar de las medidas de protección que se requieran para garantizar su participación activa en la investigación. -Establecer con claridad los mecanismos de colaboración entre las Procuradurías Estatal y General de la República, derivado de las diversas líneas de investigación como son la delincuencia organizada. Fortalecimiento de la Fiscalía Especializada. -Que las autoridades responsables otorguen los recursos materiales y humanos para garantizar la respuesta eficiente y expedita en las investigaciones, teniendo un especial cuidado en materia de servicios periciales especializados. -Tenga la capacidad de establecer mecanismos necesarios para proteger a los representantes legales de las victimas y testigos involucrados en la investigacion. -Se mantenga una vinculacion con los servicios de la F.B.I. toda vez que se encuentra en una zona fronteriza. Acciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. -Presente un informe actualizado sobre el seguimiento de la Recomendación 44/98 emitida por este organismo. -Conforme un grupo de trabajo a efecto de impulsar el cumplimiento de dicha recomendación y brinde auxilio a las personas involucradas en las investigaciones a efecto de contar con los medios adecuados para prevenir cualquier violación a sus derechos fundamentales.  Esta información la envió la Procuraduría General de Justicia en respuesta a una petición escrita sobre las acciones que se estaban tomando en torno a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que hiciera la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 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C.Laura AdminZC:\COMISION MT\Comision\Programas Internacionales\Programa méxico\marzo02CIUDAD JUAREZ.doc˛[Đ\˙@HP LaserJet 2100 PCL6LPT1:winspoolHP LaserJet 2100 PCL6HP LaserJet 2100 PCL6œ4Cď€ š 4dXXA4˙˙˙˙DINU"4O†ś HP LaserJet 2100 PCL6œ4Cď€ š 4dXXA4˙˙˙˙DINU"4O†ś €äŸFĎ\P@˙˙Unknown˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙G‡z €˙Times New Roman5€Symbol3& ‡z €˙Arial"ˆÄŠvt”†vt”†ASj†C œK&ƒĄœ ˜M'Ľ$„ĽŔxx€0Ú\4[3ƒ„˙ßH˙˙(LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE IMICE, A. C.Adminţ˙ŕ…ŸňůOhŤ‘+'łŮ0”˜ĚŘđü  ( D P \ ht|„Œä)LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE ordA S IMICE, A. 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